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Llegan casos de falsos culpables al Senado

La cámara alta exhortó a Myrna García, presidenta de la Codhem para que instruya a su personal para apoyar a los ciudadanos procesados por diversos delitos graves

Seis casos de presuntos “falsos culpables”o personas que fueron encarceladas por un delito que no cometieron y que fueron víctimas de tortura en el Estado de México llegaron al Senado con un pronunciamiento dirigido a la actual directora de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

A través de un punto de acuerdo, propuesto por el senador panista Julen Rementería del Puerto, el Senado exhorta a Myrna García, presidenta de la Codhem para que instruya a su personal para apoyar a los ciudadanos procesados por diversos delitos graves como secuestros, homicidio, entre otros.

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Y “para que puedan presentar el recurso de Queja respectivo, con la finalidad de que se decrete la nulidad y sean puestos en libertad de inmediato por las autoridades judiciales competentes, toda vez que en sus respectivos procesos penales, medio la tortura y las amenazas para obtener una confesión falsa”, se lee en el documento.

El punto de acuerdo se dio luego de que un grupo de ciudadanos y familiares de las personas privadas de su libertad, acudió al Senado para solicitar su intervención, con el fin de que los expedientes penales de las víctimas sean revisados por la Codhem. Familiares afectados aseguran que sus derechos y garantías fueron violados en las diversas etapas del proceso penal y que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura y amenazas.

Las instituciones señaladas como responsables de cometer las violaciones a derechos humanos son la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y diversos Jueces en materia penal, radicados en la misma entidad.

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En la lista que forma parte del documento de Punto de Acuerdo se incluye el caso de César Armando Soberanes Téllez, a quien supuestamente se le torturó para declararse culpable de un homicidio. Hasta la fecha lleva 10 años en prisión sin que se le haya dictado sentencia, es decir, sin que un juez haya determinado o acreditado su responsabilidad en los delitos por los que se le acusa a través del expediente 116/2017. Cada jueves, su madre Olga Téllez tiene 72 años de edad participa en las jornadas de protesta organizadas por el colectivo Haz Valer Mi Libertad, que a su vez está integrada por familiares de falsos culpables en el Estado de México.