1.- Rotundamente criticable tratar de justificar el asesinato del alcalde Antonio Mayén, con el uso faccioso de información que, por ley, debía estar reservada en la Procuraduría de Justicia estatal.
Fue, sin duda, una maniobra política, la típica maniobra de evasión de responsabilidades.
Por ello fue que el secretario de Gobierno, José Manzur y el procurador, Alejandro Sánchez, acusaron al infortunado Antonio Mayen. edil panista de Jilotzingo de nexos con el crimen organizado.
2.Nadie les preguntó, ellos citaron a conferencia de prensa con la intención de lanzar la acusación a un hombre que apenas 2 horas antes fue acribillado por pistoleros que, como siempre, escaparon.
Usaron una línea de investigación con la cual infieren que si Mayen fue ejecutado, se debió a que también era un criminal.
Dolosamente ninguno de los funcionarios, de primer nivel y que nunca atienden este tipo de eventos, callaron que el alcalde había denunciado un intento de extorsión.
La justicia fue puesta, de nuevo, al servicio de intereses políticos.
3.- Con el tufo distintivo de cualquier gobierno absolutista y represor, dos luchadores sociales cuya inocencia ha sido sustentada, están en prisión.
Su grave afrenta fue denunciar negocios turbios que involucran a poderosos funcionarios locales o defender los bosques.
Idelfonso Zamora, líder ambientalista en San Juan Atzingo fue detenido y encarcelado el 20 de noviembre de 2015.
Se le acusa de robar 300 mil pesos, junto con 50 personas de un tortillería en 2012.
Su lucha por defender la naturaleza es bien conocida. Un hijo suyo, Aldo, fue asesinado en 2014 por la misma razón.
El otro es José Humbertus quien denunció un multimillonario negocio con desarrollo habitacionales en Tecamac y Ecatepec, que involucran a Aaron Urbina, uno de los funcionaros más cercanos al gobernador, Eruviel Ávila.
Está preso en Chiconautla desde finales del año anterior, acusado de… ¡robo!
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