Los Barrera y los Derechos Humanos

Recientemente María Elena López Barrera, hija de la ex alcaldesa municipal y actual senadora, María Elena Barrera, y hermana del actual segundo síndico, Francisco Emanuel López Barrera, fue nombrada titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Municipio de Toluca.   Dicho nombramiento se dio bajo las siguientes condiciones: su hermano, el segundo síndico, se abstuvo de votar, y obtuvo el voto a favor de los regidores de extracción Priísta, Panista, del PRD y del PT, así como el voto en contra de uno de los regidores del PAN y de la regidora de MORENA; dando como resultado la
marzo 15, 2016

Recientemente María Elena López Barrera, hija de la ex alcaldesa municipal y actual senadora, María Elena Barrera, y hermana del actual segundo síndico, Francisco Emanuel López Barrera, fue nombrada titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Municipio de Toluca.

 

Dicho nombramiento se dio bajo las siguientes condiciones: su hermano, el segundo síndico, se abstuvo de votar, y obtuvo el voto a favor de los regidores de extracción Priísta, Panista, del PRD y del PT, así como el voto en contra de uno de los regidores del PAN y de la regidora de MORENA; dando como resultado la mayoría.

 

Llama la atención que el cabildo realizó un nombramiento bajo el simple cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y bajo el contexto de que los aspirantes presentaran únicamente su plan de trabajo; sin embargo, en estricto sentido y de acuerdo a la normatividad internacional, la figura del defensor de los derechos humanos debe ser una persona con características más sustanciales como la independencia, la autonomía y la imparcialidad, pues representa a un sistema que protege los derechos de la ciudadanía frente a sus servidores públicos y autoridades.

El problema de este nombramiento es que María Elena López Barrera pertenece a una de las familias con más poder político en Toluca, y sobre todo, su hermano es parte del órgano que toma las decisiones a nivel municipal, por lo que podemos concluir que no sólo moralmente, sino también jurídicamente, va a haber complicaciones a la hora de realizar su función, pues los principios de imparcialidad, autonomía e independencia no están garantizados. Este nombramiento va más allá de la formalidad, para convertirse en una situación de moralidad y credibilidad en las instituciones, ya que el representante municipal de los derechos humanos debe tener el peso moral suficiente debido al prestigio y la calidad de la institución, pues para que los ciudadanos confiemos en que los políticos no solo buscan el poder, si no también servir a la ciudadanía, es necesario replantear las acciones que se cometen día con día.

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