La madrugada del 24 de octubre, el Estado de México se convirtió en el escenario de la «Operación Caudal», uno de los operativos más amplios contra el huachicoleo de agua en el país, así como la identificación de sus líderes y el modus operandi de estos «sindicatos».
Esta operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales, en conjunto con CONAGUA y la CAEM, las fuerzas federales desplegaron cateos e inspecciones en 48 municipios.
El objetivo: interrumpir la cadena de comercio ilícito del agua, un negocio que durante años ha operado en la sombra, bajo el amparo de sindicatos y líderes locales que lucran con un recurso público.
Los sindicatos del agua
Entre los principales grupos señalados destacan el Sindicato 22 de Octubre, encabezado por Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, con presencia en Chicoloapan y Chimalhuacán. En ambos municipios, las autoridades documentaron tomas clandestinas que abastecen entre 12 y 20 pipas diarias sin concesión ni permiso alguno, de acuerdo con la Fiscalía del Edomex.
Otro grupo, el Sindicato FITTAM y USON, dirigido por Misael Rodríguez Fragoso, opera puntos de extracción en Chicoloapan y Ecatepec. En este último, el pozo de Santa María Tulpetlac está controlado por el Sindicato 25 de Marzo y USON, liderado por Rodríguez Fragoso, Guillermo Fragoso Báez y Ricardo Martínez Mendoza. Según los reportes, los tres administran la venta de agua a colonias como Jardines de Santa Clara y Cerro Gordo, con precios que varían entre 900 y 1 800 pesos por pipa de 10 000 litros.
Un mercado con estructura y clientela
El esquema documentado por las autoridades es casi empresarial. Los sindicatos controlan pozos, llenan pipas identificadas con logotipos o calcomanías y distribuyen agua a colonias, comercios e incluso industrias locales.
En Chicoloapan, el operativo identificó centros de distribución vinculados al Sindicato FITTAM y USON, donde se llenan hasta 200 pipas por día. Las unidades, registradas a nombres de empresas como Autotransportes Azteca o Autotanques Martínez, operan bajo un modelo de reventa: el agua se extrae a 400 pesos y se ofrece al consumidor final por más del doble.
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Las rutas y la vigilancia
La red criminal del agua no solo se sostiene por su capacidad logística. En varios puntos, los agentes detectaron presencia de cámaras de videovigilancia, guardias privados y halcones, que alertan sobre los movimientos policiales. Los testimonios de vecinos en Ecatepec y Tecámac confirman que los pozos ilegales trabajan a puerta cerrada, con turnos extendidos de hasta 12 horas diarias.
Las autoridades buscan ahora desarticular no solo los puntos de extracción, sino también la estructura de intermediarios y sindicatos que transformaron la crisis hídrica en un negocio rentable.
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