Almoloya de Juárez, México; 26 de abril de 2019. Los delitos por los que se encuentran recluidas seis personas de la comunidad de Salazar fueron inventados y tienen su origen en el conflicto agrario que esta comunidad tiene con San Mateo Atarasquillo desde 2005, así lo mencionó Ester Goujón Campos, abogada de asuntos agrarios, durante la audiencia de desahogo de pruebas en la que la defensa de los presos la llamó a comparecer.
Según su declaración, durante el proceso de juicio agrario entre estas comunidades, algunos predios fueron vendidos a empresarios entre los que se encuentran, entre otros, José Luis Bonilla Vaca, Federico Fernández y León Manuel Bartlett Álvarez, asimismo aseguró que, posteriormente, los abogados de estos empresarios, en una reunión, quisieron llegar a un acuerdo para liberar a los presos siempre y cuando se respetaran los contratos de compraventa que, dijo, de cualquier manera, se realizaron ilegalmente.
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En el transcurso del juicio agrario, en 2014, integrantes de Atarasquillo vendieron predios ocupados por ejidatarios de Salazar a dichos empresarios lo cual no es legal debido a que los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables y además pertenecen a la comunidad, dijo.
El conflicto por el que Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García -este último en prisión domiciliaria por sus condiciones de salud- se encuentran recluidos sucedió durante el transcurso de este juicio por las tierras.
El 30 de septiembre de 2016, el abogado Mario de León, representante de alguno de los supuestos recién compradores, envío a trabajadores a cercar uno de los terrenos, ante lo que la gente de la comunidad respondió propiciando un enfrentamiento que, un año más tarde, resultó en una denuncia de robo con violencia y privación de la libertad por parte Mario de León y dos de sus acompañantes aquél día contra los ahora presos.
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Respecto al juicio agrario, dos meses después de los hechos, el Tribunal Unitario Agrario dictaminó que debía respetarse la posesión histórica de los comuneros de Salazar y se determinó que no debían pagar renta alguna; posteriormente, ante una recurso de revisión, la resolución se confirmó en febrero pasado.
En esta audiencia de desahogo de pruebas comparecieron también dos peritos y dos testigos presenciales del día de los hechos; en todos los casos, la fiscalía realizó el contrainterrogatorio correspondiente para demostrar que algunos pobladores sí portaban objetos que pudieran usarse como armas; en los videos transmitidos durante la audiencia no se observó gran cantidad de estos instrumentos, como las víctimas señalaron en alguna de las audiencias iniciales del juicio.
Los familiares, quienes siempre permanecen afuera de los juzgados mientras sucede la audiencia, recibieron la visita de pobladores de Xochicuautla y San Francisco Tlalcilalcalpan, asimismo, recibieron la sugerencia de silenciar las consignas por parte de la juez del caso, quien explicó que no coartaba el derecho de manifestación sino que solicitaba consideración porque el de Salazar no era el único juicio que se llevaba a cabo en el recinto.
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