En el año 2013 la reforma energética propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto sumó 30 votos a favor de diputadas y diputados federales mexiquenses del PRI, PAN y Nueva Alianza.
Al menos cinco de quienes avalaron la reforma, actualmente tienen nuevamente una curul: hay ex legisladores que ya están en otros cargos; algunas y algunos en este momento no figuran en el ámbito político, y unos dos han dejado el partido que en ese momento los arropaba.
Repiten cinco diputados
Quienes hace ocho años votaron a favor la reforma del expresidente Enrique Peña y hoy nuevamente son parte de la Legislatura federal son: Brasil Alberto Acosta Peña, Laura Barrera Fortoul, Cristina Ruiz Sandoval, Sue Ellen Bernal y Miguel Sámano Peralta. Todos del PRI.
También Ana Lilia Herrera Anzaldo la votó a favor, pero como senadora.
PRI
Las y los otros hoy ex diputados del Estado de México que avalaron esa reforma por el PRI fueron: Noé Barrueta Barón, quien fue delegado del PRI en la zona sur; Maricruz Cruz Morales, dirigente de la Central Campesina Independiente; Alberto Curi Naime, exsecretario de Desarrollo Económico en el actual gobierno estatal.
Asimismo, la dirigente del PRI y actual legisladora local, Alejandra del Moral Vela; el actual secretario de Salud estatal, Francisco Javier Fernández Clamont; la ex legisladora local, Irazema González Martínez Olivares y la ex alcaldesa de Almoloya de Juárez, Blanca Estela Gómez Carmona, quienes en estos momentos no tienen cargos.
Asimismo, la avalaron Gerardo Hernández Tapia, quien dirigió el Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el gobierno federal anterior; el actual alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez; el ex secretario General de Gobierno de la entidad, Sergio Manzur Quiroga.
También el exsecretario de Transporte, Fernando Maldonado Hernández; el exdiputado y excandidato José Isidro Moreno Árcega, quien perdió la elección a legislador local de este año; el exdiputado federal, José Rangel Espinosa y el exdiputado local y federal César Reynaldo Navarro de Alva. Ellos actualmente no tienen espacios en el gobierno.
De igual forma, votó a favor de la reforma constitucional Leticia Calderón Ramirez, quien dejó el PRI y ahora es dirigente de la organización Proyecto Nacional; Tanya Rellstab Carreto, coordinadora regional de la Secretaría de Desarrollo Social; Roberto Ruíz Moronatti, exalcalde de Coacalco y la exalcaldesa de Tlalnepantla, Aurora Denisse Ugalde Alegría.
Lo mismo la apoyaron el actual secretario general del PRI mexiquense, Darío Zacarías Capuchino y el exalcalde de Toluca, Fernando Zamora.
PAN
Por Acción Nacional también hay exdiputadas y exdiputados federales que apoyaron la reforma energética del 2013, pero que hoy no pertenecen a esa fuerza política.
Las y los mexiquenses panistas que votaron a favor la reforma fueron: Alberto Díaz Trujillo, quien en las recientes elecciones compitió por Fuerza por México en busca de una curul local; la ahora morenista Karina Labastida Sotelo, quien es diputada local y Guadalupe Mondragón González.
Nueva Alianza
De Nueva Alianza votaron a favor la exdirigente de ese partido en la entidad Lucila Garfias Gutiérrez y el exrepresentante ante el INE de Nueva Alianza y de Fuerza por México, Luis Antonio González Roldán.
El Senado
En el Senado también avalaron la reforma energética el líder sindical Armando Neyra Chávez; la ex alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia y la actual diputada, Ana Lilia Herrera.
El único voto en contra fue el de Alejandro Encinas Rodríguez.
Las reformas
La propuesta de Peña Nieto abrió el sector energético a la inversión privada, permitía contratos con particulares y que estos podrían ofrecer servicios de gasolineras.
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También la intervención de particulares como contratistas en actividades de exploración y producción, la posibilidad de que particulares pudieran vender la energía eléctrica que generaran y la posibilidad de que explotaran energía geotérmica.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador busca recuperar el control del sistema eléctrico nacional, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que ésta genere el 54% de energía eléctrica y el 46% restante la iniciativa privada; mientras la de Peña limitaba la producción de la CFE a un 38%, de acuerdo con datos del gobierno federal.
La CFE pasaría a ser un organismo del gobierno, se buscaría derogar contratos de compraventa de electricidad, y que la explotación de yacimientos de litio y otros materiales sean exclusivos de la nación
El gobierno federal ha señalado que en el sexenio pasado se crearon 34 centrales privadas, a las que la CFE está obligada a comprar su energía eléctrica por 25 años y la construcción de esas empresas fue financiada con recursos públicos, por lo cual buscan cancelar esos contratos.
También afirma que en 2013 se extendieron permisos de autoabasto para que 239 empresas produjeran su electricidad, que ahora venden a miles de socios utilizando las líneas de transmisión de la CFE, lo cual, según las autoridades, es fraude fiscal.
En contraparte, quienes rechazan la reforma impulsada por el gobierno federal argumentan que la CFE produce energía más cara y contaminante y requerirá subsidios millonarios que forzosamente deberán salir del presupuesto.
Otro argumento del gobierno federal es que la reforma eléctrica evitaría una situación como la crisis de España, donde el mercado de la energía eléctrica está en manos de particulares y el precio de la luz se ha disparado hasta en un 500%.