En el marco del proceso electoral del Poder Judicial del Estado de México, la ciudadanía eligió este 1 de junio a quienes ocuparán ocho cargos de jueces en Toluca. De acuerdo con los lineamientos establecidos, cinco deberán ser mujeres y tres hombres, con al menos una jueza y un juez en materia penal. En este contexto, se perfilan como los principales contendientes: Verónica Cera Ávila, Juan García Viveros y Juan Carlos Aguilar Carbajal. Tres perfiles con experiencia en el ámbito judicial, pero con propuestas diferenciadas ante un sistema que enfrenta una crisis de legitimidad, saturación y rezago.
¿Qué hace un juez penal?
Un juez penal tiene la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas de cometer delitos como homicidio, abuso sexual, lesiones, secuestro o robo, entre otros. También resuelven casos bajo el sistema penal para adolescentes. Su función, más allá del acto procesal, implica garantizar que se cumplan los derechos humanos. Así como observar los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso, así como emitir resoluciones con perspectiva de género cuando el caso lo requiere.
Estos jueces operan bajo un marco legal complejo. Que abarca desde la Constitución mexicana hasta códigos nacionales como el de Procedimientos Penales o la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso mexiquense, además, deben juzgar conforme a las leyes estatales y dentro de su estructura judicial.
El Edomex se divide en cuatro regiones judiciales, cada una compuesta por distintos distritos judiciales. La Región Toluca, por ejemplo, está integrada por los distritos de El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca de Lerdo y Valle de Bravo. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada distrito judicial abarca ciertos municipios. En el caso del Distrito Judicial de Toluca, este comprende los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec.
Los posibles jueces penales del distrito de Toluca
A las 16:00 horas del 6 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México registraba como favorita a Verónica Cera Ávila. Quien acumulaba 21 mil 339 votos, es decir, el 2.03%. Con una trayectoria de más de una década como Agente del Ministerio Público, además de experiencia como abogada litigante y asesora jurídica de víctimas, Cera ha desempeñado distintos cargos administrativos en el IEEM. Su propuesta apunta a una justicia más cercana a la ciudadanía, especialmente a los grupos vulnerables. Así como a garantizar la independencia del poder judicial para proteger la inocencia y no facilitar la impunidad.
En la contienda masculina, Juan García Viveros se colocaba a la cabeza con 21 mil 699 votos (2.06%). Su carrera se ha desarrollado principalmente dentro del sistema judicial del Edomex. Ocupando puestos como secretario judicial y juez de control especializado en cateos. En su propuesta destaca la necesidad de atender no solo el aspecto técnico del juicio penal, sino la dimensión humana del proceso para las personas imputadas. Promete actuar con prontitud y ética, apelando a la justicia como un instrumento de paz social.
Muy cerca de él se encuentra Juan Carlos Aguilar Carbajal, con 21 mil 578 votos (2.05%). Se ha desempeñado en juzgados de ejecución penal tanto en Tenango del Valle como en Toluca. Entre sus planteamientos está el compromiso de mantenerse en constante actualización profesional y emitir resoluciones claras, congruentes y basadas en principios de honradez y respeto hacia los justiciables.
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La justicia en crisis
El contexto en el que estos jueces habrán de ejercer es preocupante. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, Edomex concentra el 15.4% de la población penitenciaria del país, con 34 mil 772 personas privadas de la libertad. De ese total, 39% no cuenta con sentencia. Lo que implica que más de 13 mil personas están en prisión sin que se haya determinado su responsabilidad penal.
La mayoría de estas personas se encuentra en prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente criticada por organismos nacionales e internacionales. Por ser una forma de castigo anticipado y por permitir que miles de personas —muchas de ellas inocentes o sin pruebas concluyentes en su contra— pasen años tras las rejas. En entidades como el Estado de México y Michoacán, el 100% de la población sin sentencia está sujeta a esta figura legal.
La situación es particularmente grave entre adolescentes. El 55.9% de los varones y el 65.4% de las mujeres menores de edad en internamiento preventivo esperaron entre cuatro y seis meses por una resolución judicial.
A ello se suma la alarmante sobrepoblación carcelaria. Los penales mexiquenses están diseñados para albergar a poco más de 13,000 personas, sin embargo, hay más del doble. La tasa de ocupación supera el 240%. Esta saturación genera condiciones de hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud, violencia y dificultades para la reinserción social.
A finales de 2024, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, anunció que, ante una sobrepoblación del 140% en los 21 centros penitenciarios de la entidad, la estrategia del Gobierno será ampliar la capacidad de los reclusorios existentes. Descartando la construcción de nuevos y sin contemplar un incremento extraordinario al presupuesto estatal de 2025.
El plan prevé una inversión de al menos 160 millones de pesos, con prioridad en los penales de Chalco y Neza, los más saturados.
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La exigencia ciudadana por una justicia justa
Ante este panorama, colectivos como Haz Valer Mi Libertad han denunciado la existencia de decenas de miles de personas encarceladas de forma injusta en el Estado de México. Desde su fundación en 2020, el grupo ha documentado múltiples casos de fabricación de delitos, irregularidades procesales, tortura y detenciones arbitrarias. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, hasta el 70% de las personas privadas de la libertad en la entidad podrían presentar alguna irregularidad en sus procesos penales.
Los jueces penales elegidos este 2025 durarán seis años en el cargo, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del PJ actualizada al 2023. Durante ese tiempo, no pueden ser removidos, salvo en casos de faltas graves, y están obligados a desempeñar su labor con imparcialidad, diligencia, perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.
En un momento en que la justicia es observada con creciente desconfianza por amplios sectores sociales, los nuevos jueces —particularmente quienes se desempeñen en materia penal— tendrán la responsabilidad no solo de aplicar la ley, sino de restablecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones judiciales.
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