Existe una discusión histórica acerca de si la prisión tiene que ver con la justicia. No hay evidencia para sostener que un país con más reclusorios o más reclusos sea más justo. La institución carcelaria existe, sin embargo, bajo el argumento de que en ella se priva de la libertad a la gente mientras se le somete a tratamiento para que mejoren como personas y pueda reintegrarse a la sociedad. El supuesto es que, a quien se encuentra culpable de cometer un delito, se le sanciona enviándolo a la cárcel por un tiempo proporcional a la gravedad de su falta. Robar no es lo mismo que matar, secuestrar no es lo mismo que defraudar, ni violar es equiparable a portar un arma.
¿Cuántas personas se encuentran recluidas actualmente en México? 233 mil 277, afirma el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2024, dado a conocer hace unos días por el INEGI. Eso equivale a casi 180 presos por cada 100 mil habitantes. Se trata de una de las tasas de reclusión más bajas de todo Latinoamérica. En comparación con los Estados Unidos, por ejemplo, es como tres veces menor. Y, sin embargo, según el mismo censo, es más gente de la que se supone cabe en nuestros 331 centros penitenciarios. En promedio hay una ocupación de 101%, aunque existen centros donde el sobrecupo es mayor. El Estado de México es el que tiene una saturación extrema, pues están recluidas 236 por cada 100 espacios.
Ahora, ¿están en la cárcel quienes deben estarlo? Eso es casi imposible de saber, pues el INEGI ha confirmado que un promedio de 37% de los reclusos no han sido sentenciados. Es decir, no hay certeza jurídica de que sean responsables de un delito. La mayoría de esos presos han sido acusados por robo (102 mil) y otra cantidad muy importante por homicidio (48 mil). Por delitos que suelen relacionarse con grupos delictivos grandes (como delincuencia organizada, secuestro o en materia de armas, explosivos y cosas similares) son apenas unos 10 mil.
Como lo revelan los números, son los delitos del fuero común los que más gente llevan a la cárcel (93.6%). La inmensa mayoría de gente privada de su libertad es del sexo masculino (94.3%) y las sentencias que suelen recibir (la mayoría de las veces tras muchos meses de espera o hasta años) oscilan entre los 5 y los 10 años, en 4 de cada 10 casos. Las penas más grandes, que son superiores a 30 años, la reciben solo 2 de cada 10, por delitos como secuestro, en donde llama la atención que son más mujeres que hombres los que han recibido estas sentencias severas.
Entre otras cosas, del mencionado censo del INEGI, que nos actualiza sobre las condiciones que guarda nuestro sistema penitenciario, cabe destacar que es el Estado de México el que tiene el mayor número de reclusos, y concentra una cuarta parte de todos los delitos del fuero común atribuidos a esos presos (77 mil). No es nada honroso el lugar que tiene nuestra entidad, pues ya habíamos mencionado el hacinamiento, pero ahora hay que agregar un dato muy revelador: a diferencia de la mayoría de entidades del país, en el Edomex todas las personas que se encuentra privadas de su libertad, pero sin sentencia, lo están bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que hay una deficiente labor de investigación de la fiscalía, pues se encarcela a la gente siguiendo el oficio de atrapar a presuntos delincuentes sin ofrecer pruebas, pues si así se hiciera, la figura por la que estarían presas sin haber sido condenadas o absueltas sería la de prisión preventiva justificada o alguna otra.
Esta mirada que nos permite ver el mencionado censo del INEGI habla de varias cosas: de un sistema penitenciario saturado, lleno de gente mayoritariamente acusada por robo y homicidio, que en 1 de cada 3 casos permanece en la cárcel sin sentencia durante mucho tiempo, con mayoría de población masculina, pero con muchas mujeres compurgando penas muy altas, con incidentes (riñas, peleas u otros) a diario, pues en el último año se reportaron 3 mil 094, tanto en penales estatales como federales.
Aunque, como dijimos al principio, empíricamente no hay forma de demostrar que mandando a la gente a la cárcel se consigue justicia o se procura una sociedad menos injusta, el sistema penitenciario es algo que merece nuestra atención. Lo tenemos ahí, miles de personas viven presas e igual número de familias tienen vínculo con él a lo largo y ancho de todo el país. Se sabe —aunque no es algo que documente el INEGI— que en muchos de ellos existe un autogobierno por parte de los reclusos, que impera la corrupción y para todo hay que pagar, que desde el interior se extorsiona, se trafica con drogas, se organizan delitos, se violentan los derechos humanos, etcétera.
Solo periódicamente se habla de ellos, como ahora nosotros lo hacemos a propósito de la más reciente información estadística disponible. Sin embargo, debiera ser parte de la solución integral y urgente que reclama el país en materia de seguridad pública e impartición de justicia. Nos enfrascamos en prolongados debates sobre los jueces, las fiscalías, los policías, el código penal, pero poco se discute sobre los reclusorios. Más allá de la labor de defensores de derechos humanos, periodistas o académicos, entre los tomadores de decisiones casi no se toca el tema. No hemos escuchado en las últimas décadas propuestas acerca de su justificación conceptual, su pertinencia y funcionalidad.
¿Debemos simplemente construir más prisiones para meter a más gente? ¿Debemos equipar y capacitar a la policía para que sea la que alimente a esos centros de más y más personas? ¿Para qué se les envía ahí? ¿Sirven como centros de reinserción social? ¿Disuaden a la población para que elija no delinquir? Bueno, son cosas sobre las que se podría reflexionar y articular con los proyectos nacionales de cara al futuro.
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