Toluca, Méx.- Un total de 215 comunidades del país luchan por hacer frente a los conflictos que enfrentan sus pueblos y bienes naturales ante el llamado “progreso y desarrollo” que plantean los gobiernos estatal y federal.
A través de un comunicado, voceros y enlaces regionales de esta campaña sostuvieron que actualmente las comunidades suscritas a esta campaña presentan 97 conflictos, de los cuales los proyectos de generación y energía, con un 34%; de minas y mineras, con el 32%; así como la privatización del agua, con el 15%, son los principales problemas que aquejan.
En ese mismo sentido, detallaron que otros de los conflictos que se presentan son infraestructura transporte (12%;), urbanización (11%), extracción de y desarrollos turísticos (7%), contaminación ambiental (6%), explotación forestal, no regularización de tierras y gestión del agua (4%), así como soya transgénica (1%).
Asimismo, dieron a conocer que a 6 semanas del lanzamiento de esta campaña se han tensionado 11 conflictos, de los cuales 4 pertenecen a la entidad mexiquense: el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, específicamente en la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco en Tocuila, San Salvador Atenco; las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable en Tecámac y Coyotepec; el frente al desarrollo inmobiliario Bosques del Paraíso en la comunidad otomí de San Francisco Magú, Nicolás Romero; y las acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan –Toluca en Xochicuautla, Lerma.
Otros de los conflictos que también se han intensificado durante estas semanas en el país, son los casos del Río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava, y con la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; la defensa del venero afectado por una empresa inmobiliaria en los barrios de Santo Domingo y los Pueblos La Candelaria y Los Reyes, en la Ciudad de México; el hostigamiento judicial a Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio de Amilcingo, en el estado de Morelos; la imposición del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces” por medio de una supuesta consulta al Pueblo Náyeri, en la zona del Río San Pedro, en la entidad de Nayarit; así como en la comunidad Maya de Chablekal, Yucatán, donde después de una arremetida policiaca se desalojó a una familia y se detuvieron 4 personas.
Todas estas acciones, demanda el comunicado, significan una violación sistemática a los derechos humanos con un alto impacto cultural y social.
Síguenos