“Mi hijo no desapareció, se lo llevaron”.
Desde esa certeza, Karla Lechuga sostiene una búsqueda que —dice— las autoridades abandonaron desde el primer momento. Su hijo, Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, fue visto por última vez el 13 de noviembre de 2025 en la lateral de la autopista México-Querétaro, en Cuautitlán Izcalli.
Las primeras horas, clave en cualquier desaparición, se diluyeron en un argumento administrativo: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no operaba con normalidad por tratarse de un fin de semana.
Desde entonces, la investigación —en los hechos— la encabeza ella.
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La búsqueda que comenzó sin autoridades
Antes de desaparecer, Jeshua llevaba una rutina que su madre describe como estable: trabajaba en un local de temporada, entrenaba en el gimnasio y participaba en batallas de freestyle en la Ciudad de México.
“Regresaba entre nueve y diez de la noche. Cenábamos juntos, platicábamos de sus competencias… incluso ganó varios torneos”.
Cuando dejó de contestar, la familia intentó reconstruir su trayecto. Pero, ante la falta de respuesta institucional, Karla comenzó a hacerlo por su cuenta: recorrió la zona, pidió videos a vecinos y empresas y armó una línea de tiempo con lo que encontraba.
En ese proceso, detectó una omisión clave: las grabaciones que podían dar pistas nunca fueron aseguradas a tiempo.
Videos de cámaras privadas y de infraestructura pública —incluidos registros de empresas como Alpura, Gatorade y Birmex— se perdieron. Lo mismo ocurrió con imágenes de Capufe.
“Cualquiera de esos videos nos pudo haber dado información inmediata, aunque no fuera la ubicación exacta de mi hijo”, afirma. “La geolocalización, las llamadas y las cámaras son actos básicos de investigación… y no se hicieron a tiempo”.
Un colectivo ante el vacío institucional
Sin avances en la carpeta de investigación, el caso dejó de ser individual. Karla fundó el Colectivo Lirios Buscadores de Izcalli, que hoy agrupa a 17 familias con casos de desaparición en la región.
El colectivo no solo busca a sus familiares: organiza brigadas, financia operativos y documenta irregularidades. En campo, dicen, la distancia entre el discurso oficial y la realidad es constante.
El pasado 3 de marzo, durante una diligencia en la Presa del Llano, la brigada institucional llegó con ocho horas de retraso, trabajó apenas dos horas y se retiró sin asegurar el perímetro. Una madre fue hospitalizada por deshidratación.
A la falta de resultados se suma la precariedad operativa. Las familias señalan que la Comisión de Búsqueda del Estado de México (Cobupem) trabaja con recursos mínimos: en algunas jornadas, apenas participan cuatro personas para cubrir búsquedas en toda la entidad, sin herramientas básicas como picos, varillas o palas.
Los despliegues con drones o binomios caninos, que el gobierno presume en comunicados, no siempre provienen de operativos estatales. En varios casos, han sido gestionados por las propias madres tras protestas a nivel federal.
Hasta el 25 de marzo de 2026, no hay personas detenidas, no se han informado avances técnicos del caso y los recursos solicitados por las familias siguen sin liberarse.
“Es inhumano. No hay personal, no hay herramientas. Nosotras terminamos poniendo todo”, dice Karla.
Esa precariedad —sostiene— no es un error aislado, sino parte de un abandono más profundo.
Un patrón que las autoridades no ven
Mientras las autoridades no encuentran respuestas, las familias comenzaron a hacerlo por su cuenta.
Al mapear 17 casos en la región, el colectivo detectó coincidencias que apuntan a algo más que hechos aislados: una zona recurrente donde las desapariciones se repiten.
Se trata de un corredor que conecta Villa del Carbón, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli, particularmente en el área de Santa María Tianguistengo.
“Hay factores que nos hacen pensar que puede haber un patrón, que quizá hay un grupo operando en esa zona”.
Hasta ahora, esa hipótesis no ha sido asumida oficialmente por las autoridades.
Violencia institucional
Para Karla, la omisión del Estado no es solo negligencia: es una forma de violencia.
“Tener que buscar a tu hijo entre basura, en canales… no se lo deseo a nadie. Es una deuda enorme. Nos arrebatan la vida”.
El señalamiento se conecta con casos recientes, como el de la madre buscadora Cecilia Flores, quien ha localizado restos humanos por cuenta propia.
“¿Por qué esperan a que encontremos huesos?”, cuestiona. “Ni siquiera nos dan la oportunidad de despedirlos dignamente”.
La “muerte lenta” de buscar
Pero el desgaste no es solo operativo.
Buscar a un hijo implica abandonar empleos, asumir gastos constantes y sostener una carga emocional que atraviesa a toda la familia.
“Los hermanos no solo pierden a su hermano… muchas veces pierden también a sus padres”.
En ese desgaste, Karla nombra algo que pocas veces se documenta: los efectos en la salud mental.
“Hay días muy malos… donde lo único que pido es ya morir. Esto no es estar muerta en vida. Es una muerte lenta. Uno se va muriendo poquito a poquito cada día”.
Entre las familias, dice, hay intentos de suicidio que no forman parte de ningún registro oficial.
Mensaje de Karla Lechuga a su hijo Jeshua Cisneros
A más de cuatro meses de la desaparición, sin avances públicos en la investigación, el colectivo se ha convertido en la principal red de apoyo para las familias.
Entre búsquedas, protestas y donaciones, Karla sostiene la misma certeza con la que comenzó.
“La red de apoyo es lo que te mantiene a flote… y no quedarse callada. Tú eres su voz”.
A su hijo, le deja un mensaje:
“Si me está escuchando, que resista. Que sea fuerte. Él sabe que estoy haciendo todo lo posible por encontrarlo. Y lo voy a seguir haciendo… porque mientras yo sea, mi hijo es”.
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Puedes ayudar
El Colectivo Lirios Buscadores de Izcalli financia sus jornadas mediante donaciones ciudadanas. La organización recibe aportaciones económicas a través de la cuenta BBVA 4815163307191240, así como herramientas como picos, palas, varillas, botas y guantes para sostener las búsquedas en campo.
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