La Procuraduría General de República de México (PGR) sostuvo este viernes que se mantiene abierta una investigación contra militares acusados por supuestas ejecuciones extrajudiciales en una bodega del municipio mexiquense de Tlatlaya que dejó 22 muertos en 2014.
De acuerdo con la agencia de noticias internacionales DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR, la PGR señaló que la Subprocuraduría de Derechos Humanos mantiene una investigación abierta «para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos», un día después de que un grupo de derechos humanos denunciara la absolución de seis militares involucrados por parte de un juez.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señaló el miércoles que el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional, dictó una sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los acusados, mientras que a otro militar lo condenó a un año de prisión por desobediencia, tiempo que ya cumplió.
Al respecto, la PGR detalló que se sigue otro proceso por los casos de homicidio en una corte civil contra tres de los siete militares acusados. Además, se mantiene otra investigación abierta sobre la cadena de mando militar respecto a si dieron la orden de «abatir» (asesinar) a las víctimas.
Los militares participaron en un operativo contra una banda de supuestos secuestradores el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya.
Inicialmente, se informó que 22 personas habían perdido la vida en un enfrentamiento a tiros con el Ejército, que dejó, además, un soldado herido. Sin embargo, a partir del testimonio de una mujer sobreviviente, quedó en entredicho la versión oficial.
Después de una investigación, la fiscalía concluyó que al menos ocho personas fueron asesinadas por los militares cuando ya se habían rendido, aunque de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron entre 12 y 15 los ejecutados de manera extrajudicial.
El Centro Prodh manifestó en un comunicado que si bien las investigaciones siguen abiertas, como dice la PGR, «los hechos de Tlatlaya aún no han sido plenamente esclarecidos».
También sostuvo que el hecho de que las sentencias absolutorias del juez hayan sido reveladas por el grupo y no por el Ejército pese a que fueron dictadas en octubre, es una muestra de «la opacidad que subsiste en el caso».