Para más de una persona, la llegada de las lluvias significó una gran noticia, teniendo en cuenta que no hace mucho padecíamos temperaturas sin precedentes en el Estado de México. Por ahí de mayo de este año, Toluca rompía récord de temperatura con más de 33.6°. Y para finales de junio, la CONAFOR ya había registrado 1,198 incendios en territorio mexiquense.
Para otras tantas, es un escenario adverso, pues la intensidad con la que la temporada de lluvias se presentó dejó colapsados municipios como Chalco, Cuautitlán y Ecatepec. El diagnóstico es —y ha sido desde hace tiempo— bastante claro: la dinámica de nuestra sociedad no es sostenible.
Pero la gran importancia de abordar el tema no es solo decir lo que ya se ha dicho. Todas y todos sabemos que enfrentamos una problemática ambiental no solo importante, sino además urgente.
¿Cómo es que llegamos aquí?
La crisis hídrica como problema público viene de un marco normativo desactualizado, que favorece concesiones privadas y genera la sobreexplotación de 6 de los 9 acuíferos estatales: Valle de Toluca, Chalco-Amecameca, Texcoco, Cuautitlán-Pachuca, Tenancingo, Villa Victoria-Valle de Bravo.
Esto se traduce en que los municipios más afectados sean aquellos más poblados y con mayor desarrollo de actividades económicas: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla. Ojo, los más afectados, no los únicos.
Y es que la falta de acciones viene de la indolencia de las legislaturas pasadas, en las que se mantuvo un marco legal laxo que permitió fenómenos como el huachicoleo del agua, el secuestro de pipas y organismos municipales de aguas susceptibles de ser mal administrados.
Por otra parte, cuando la administración de la Mtra. Delfina Gómez Álvarez tomó conocimiento de la situación del Estado, se encontraron con que apenas el 51% de la población tiene disponibilidad diaria y además el 40% del agua se desperdicia por fugas en la infraestructura de distribución. En otras palabras, la distribución inequitativa de este líquido aumenta la brecha de desigualdad.
¿Y quiénes son las más afectadas?
Desde un punto de vista administrativo, la participación de las mujeres en la gestión del agua se ha visto disminuida históricamente, en donde el control del recurso hídrico es comúnmente asociado a los hombres.
Desde un punto de vista social, está arraigada la idea de que las mujeres, principalmente en contextos rurales, gestionan el agua en cuestiones de alimentación y tareas domésticas. Asumir estos roles y esta distribución desigual de responsabilidades limita la participación femenina en la toma de decisiones sobre el agua.
En ese orden de ideas, las mujeres son quienes ejercen los trabajos no remunerados de acarrear el agua, conocer la cantidad que requieren las actividades del hogar y de estar pendientes de la disponibilidad del líquido para alimentación y aseo.
Apenas hace un año, la OMS informaba que, en 7 de cada 10 hogares sin agua corriente, las mujeres y niñas se encargan de acarrear el agua, recorriendo trayectos que les impedían dedicar tiempo a la educación, trabajo o al ocio, a la vez que aumentaba el riesgo de enfrentar riesgos a su persona en el trayecto.
Como respuesta a este fenómeno, organizaciones ecofeministas han levantado la mano para reclamar espacios de toma de decisión con respecto a, entre varios otros derechos humanos, el derecho al agua.
¿Cuál es la ruta a seguir?
En este punto ya no podemos hablar de prevención, sino de acción. Por lo que nuestra mejor opción es generar verdaderos espacios de gobernanza donde todas y todos: gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, estemos involucrados en la toma de decisiones.
Por otra parte, en un esfuerzo bilateral y de congruencia, que los gobiernos municipales, estatales y federales trabajen de la mano con las sociedades civiles medioambientales para dotar de recursos y herramientas los proyectos de reforestación, restauración y preservación del equilibrio ecológico.
Actualizar nuestra constitución, leyes, reglamentos y códigos que nos permitan tomar acciones puntuales sobre tres vertientes: la recarga controlada de los mantos acuíferos para estabilizar los niveles de agua subterránea; la inversión en la infraestructura hídrica para evitar fugas; y aumentar el acceso del líquido a todas y todos los mexiquenses para disminuir las desigualdades.
Finalmente, hay que hacer especial énfasis en la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en las plazas comerciales, desarrollos inmobiliarios y edificios de gobierno, así como la instalación de plantas captadoras de agua pluvial de gran volumen, que permitan una alternativa a la extracción del agua subterránea.
Más claro, ni el agua: es una obligación moral, legal, de justicia y un tema de supervivencia en el que, si no se atiende de manera inmediata, la única perspectiva será un escenario catastrófico.
Y si no hay remedio, hablemos de ello…
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