Javier Duarte de Ochoa desvió más de 253 millones de pesos para comprar un rancho – El Rancho Las Mesas – en Valle de Bravo, Estado de México, con recursos provenientes de las secretarías de Educación y de Salud de Veracruz, y que presuntamente construyó la Empresa Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa.
El rancho de lujo cuenta con caballerizas y suites incluidas. En este lugar el ex gobernador y su familia vacacionaban, fue comprado con recursos triangulados a través de múltiples empresas fantasma, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
En la acusación de la PGR y la Secretaría de Hacienda ante un juez federal, se identifica a Javier Duarte como “jefe de una estructura criminal” en la que participaron al menos ocho personas más, diseñada con el fin de lavar dinero público.
La acusación incluye el testimonio de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de Javier Duarte y Moisés Mansur.
El eje central de esta acusación es una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se reservará a partir de ahora por orden del juez), que acordó con Moisés Mansur (amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos, por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de Campeche en diciembre de 2013.
Esos ejidos habían sido adquiridos por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el valor catastral de los mismos eran de 200 mil pesos pero se tuvo que desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en “ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región puedan comprar terrenos ejidales.
La investigación ministerial permitió documentar que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Alim S.A de C.V y otras.
Este grupo de empresas intermediarias a su vez recibieron el dinero de otras compañías como Solaris Technologies; Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños que eran proveedoras de productos y servicios de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz.
Todas las empresas señaladas son “fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, hoy prófugos de la justicia.
La PGR señaló que no hay evidencia alguna que las empresas proveedoras hayan surtido los servicios productos por los que fueron contratados.
En la acusación de la PGR ante el juez, obra el testimonio por escrito del abogado Alfonso Ortega López, quien confirmó que la compra de los ejidos fue una simulación para lavar dinero y que el dinero obtenido fue utilizado, entre otras cosas, para la adquisición y remodelación de El Rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, una propiedad que tiene una construcción central de al menos mil metros cuadrados, con una terraza muy grande que da vista a todos los alrededores de la región, caballerizas, cuatro suites de lujo y helipuerto.
De acuerdo con Ortega el rancho fue adquirido y construido por Javier Duarte, quien lo usaba para sus descansos vacacionales, pero como todas sus propiedades no estaba a nombre de él sino de sus prestanombres.
En este caso la propiedad fue adquirida por Moisés Mansur quien luego, vendió una tercera parte a José Juan Janeiro Rodríguez y la otra a Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Así todos quedaron como propietarios del 33.3 por ciento del valor de la propiedad, al menos en el papel.