La narrativa oficial del Gobierno Municipal de Metepec ha construido, de manera sistemática, una explicación recurrente frente a hechos violentos: no se trata de inseguridad, sino de conflictos “entre particulares”. Esta fórmula, repetida por el alcalde y por el comisario de Seguridad Pública, ha servido para deslindar responsabilidades institucionales incluso cuando los hechos ocurren en la vía pública, con armas de fuego y riesgo directo para la población.
Un patrón que se repite
Los casos documentados por AD Noticias muestran una constante. Tras cada episodio violento, la respuesta oficial busca acotar el problema al ámbito privado. En noviembre de 2025, una agresión armada fue calificada como “riña personal”. En mayo del mismo año, un homicidio derivado de un conflicto por tierras fue descrito como una “disputa entre particulares”. En enero de 2026, una agresión con arma de fuego en la cabecera municipal se explicó como una deuda entre personas de origen sudamericano.
Este encuadre no es menor. Al presentar la violencia como un asunto ajeno a la acción del Estado, el Gobierno Municipal desplaza el debate público. Deja de discutirse la prevención, el patrullaje, la inteligencia policial o la eficacia del mando, y se coloca el foco en la conducta individual de víctimas y agresores. La inseguridad se diluye en el relato y desaparece de la agenda gubernamental.
Lo que dice la ley
El Artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es una función concurrente a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. En el ámbito municipal, la policía preventiva se encuentra bajo el mando directo del presidente municipal.
Cuando una agresión armada ocurre en la vía pública, no existe jurídicamente la figura de un hecho “privado” que exonere al municipio de responsabilidad política y administrativa.
La Ley de Seguridad del Edomex es inequívoca: el Ayuntamiento, a través del alcalde, es responsable de prevenir delitos, preservar el orden público, proteger a las personas y sus bienes, y coordinar acciones para reducir riesgos. El comisario de Seguridad Pública es el responsable operativo de ejecutar esa política, no únicamente de reaccionar después de los hechos consumados.
Cuando una agresión armada ocurre en la vía pública, no existe jurídicamente la figura de un hecho “privado” que exonere al municipio de responsabilidad política y administrativa. La ley no distingue el origen nacional de los involucrados ni la naturaleza de su relación personal; distingue el impacto en el orden público y la obligación del Estado de garantizar seguridad.
Eludir responsabilidades también es una decisión
Reducir la violencia a conflictos entre particulares equivale a renunciar al mandato legal. La reiteración de esta narrativa sugiere una estrategia discursiva orientada a preservar la imagen de Metepec como municipio seguro, aun cuando los hechos documentados muestran lo contrario.
El alcalde es el primer responsable político de la seguridad municipal. El comisario, el primer responsable operativo. Ambos están obligados no solo a explicar lo ocurrido, sino a rendir cuentas sobre qué falló, qué se corrigió y qué resultados hubo. Cuando la respuesta oficial se limita al deslinde, la violencia no desaparece: se normaliza.
En Metepec, la violencia no es un problema “entre particulares”. Es un problema público administrado con un discurso que evita nombrar responsabilidades. Mientras el lenguaje oficial sustituya la rendición de cuentas por eufemismos, la inseguridad seguirá siendo un asunto sin responsables visibles.
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