El “Operativo Pegaso”, instaurado en Metepec desde 2023 para frenar a los llamados motorratones, se ha convertido en una maquinaria de ingresos para los corralones privados y un foco de opacidad para el ayuntamiento. Entre enero y abril de 2025, al menos 764 motocicletas fueron remitidas, lo que representa más de un millón de pesos en arrastres y resguardos. Sin embargo, a pesar de la magnitud del negocio, no existe registro público de que alguno de los detenidos haya sido vinculado a proceso penal.
El negocio del corralón
Las cifras oficiales del propio gobierno municipal revelan que, en apenas cuatro meses, los corralones obtuvieron ingresos aproximados de 1 millón 7 mil pesos por arrastre y estancia de motocicletas aseguradas. Cada unidad genera un costo de al menos 69 pesos por tres días de resguardo, más un arrastre que oscila entre 900 y 1 250 pesos.
En el Valle de Toluca, dos empresas concentran el servicio: Grúas Manzur y Grúas Hermanos León. Ambas son las encargadas de remitir y custodiar las motocicletas, pero el gobierno no ha transparentado ni la ubicación exacta de los vehículos ni los convenios que regulan la operación de estos depósitos.
La opacidad como regla
AD Noticias solicitó vía transparencia información sobre el número de personas procesadas, el destino de las motocicletas y los ingresos generados por el operativo. La respuesta del comisario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Ramírez Manzur, fue tajante: “la dependencia no está obligada a compartirla”.
Sin embargo, esa afirmación contradice lo que establecen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Reglamento de Transparencia de Metepec.
Ambas normativas señalan que todo sujeto obligado, incluyendo las áreas de seguridad pública, debe dar acceso a la información pública solicitada, salvo que esté clasificada como reservada o confidencial. Según el artículo 24 de la ley estatal, los ayuntamientos están obligados a entregar la información relacionada con el ejercicio de recursos públicos y las actuaciones de la autoridad.
Resultados a medias
De acuerdo con los reportes municipales, tan solo en julio de 2025 se realizaron 310 operativos, con 110 motocicletas remitidas al depósito y siete automóviles recuperados. En febrero, la cifra fue mayor: 193 motos enviadas al corralón en un mes.
No obstante, más allá de la estadística, no existe evidencia de que los presuntos motorratones hayan enfrentado un proceso judicial. El propio gobierno reconoció que, de las detenciones realizadas en septiembre de 2025, ninguna derivó en vinculación formal a proceso.
Un operativo sin rendición de cuentas
La narrativa oficial insiste en que el “Pegaso” busca inhibir delitos cometidos con motocicletas. Pero al revisar las cifras, el único saldo claro es la recaudación constante de los corralones. La falta de transparencia sobre contratos, destino de los recursos y resultados judiciales deja en entredicho el verdadero propósito del operativo.
En Metepec, el “Operativo Pegaso” no ha demostrado reducir la delincuencia, pero sí ha consolidado un negocio millonario que se alimenta de la opacidad. La negativa a transparentar el paradero de las motocicletas, los convenios con los corralones y los recursos que generan contradice la ley vigente. La pregunta incómoda persiste: ¿ese dinero fortalece la seguridad pública o se queda en manos privadas bajo la sombra del silencio oficial?
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