México es un país donde se castiga a las personas que defienden el medio ambiente. En los últimos diez años, se han cometido 125 crímenes contra defensores ambientales: 108 asesinatos y 17 desapariciones; 82 de ellos eran indígenas, de acuerdo con una base de datos elaborada por méxico.com.
Con base en un informe preparado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el año pasado se registraron 49 ataques, por lo menos, 21 fueron asesinatos de personas defensoras ambientales en México. Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y el Estado de México son las entidades donde se han contabilizado más agresiones de este tipo.
De los 49 ataques que recogió el informe del Cemda, nueve ocurrieron en el contexto de proyectos de infraestructura: tres están relacionados con un aeropuerto, uno está vinculado a la construcción de una base militar, otro con el proyecto de un gasoducto y tres agresiones con la instalación de una línea eléctrica de alta tensión. También se registraron dos casos por tala ilegal.
En el país, el riesgo de sufrir algún tipo de agresión aumenta cuando una persona defiende los derechos humanos ambientales:
pues existe una tensión constante entre los derechos al territorio y al medio ambiente frente a los intereses políticos y económicos que buscan explotar los recursos naturales y el medio ambiente para realizar megaproyectos de desarrollo.
El objetivo de estas agresiones es impedir, controlar y castigar el ejercicio del derecho que tienen las personas a promover y defender los derechos humanos ambientales. Estas agresiones, que afectan en lo individual y en lo colectivo, se manifiestan como hostigamiento, amenazas, intimidaciones, criminalización y, en el peor de los casos, asesinato.
Los principales responsables de estos delitos suelen ser el Estado, las empresas, el crimen organizado, particulares o incluso miembros de la comunidad que se está defendiendo. Aunque, en ocasiones, varios de estos actores pueden estar coludidos.
Por esa vía, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores humanos mencionó que en México el 98 por ciento de los delitos cometidos contra defensores ambientales se quedan sin resolver.