La cárcel en el Estado de México sigue siendo el destino final de miles de personas que no tuvieron un juicio justo. En una entrevista con AD Noticias, el abogado Antonio Lara Duque, defensor de derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), advirtió que el sistema de justicia penal del Edomex ha sido incapaz de procesar adecuadamente a miles de personas.
Antes de que entrara en vigor la Ley de Amnistía estatal —el 5 de enero de 2021—, el equipo del centro Zeferino Ladrillero analizó datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y encontró que, de una población aproximada de 34 mil personas en prisión, al menos 19 mil 500 se encontraban en lo que jurídicamente se conoce como “categorías sospechosas de discriminación”.
¿Qué son las categorías sospechosas de discriminación?
En términos jurídicos, se trata de condiciones estructurales que elevan el riesgo de ser víctima de un proceso penal injusto: ser de escasos recursos, tener un empleo precario, carecer de ingresos estables, pertenecer a un pueblo originario, no hablar español como primera lengua o enfrentar discriminación por género o identidad sexual.
Según Lara Duque, estas condiciones no son tomadas en cuenta por las autoridades ministeriales ni judiciales. Por eso, aunque se han aprobado mecanismos como la Ley de Amnistía, los resultados han sido limitados.
La amnistía: un avance limitado frente a una realidad más cruda
De 2021 a 2023, la aplicación de la Ley de Amnistía permitió la liberación de cerca de 3 mil personas acusadas de delitos menores. Aun así, la población penitenciaria aumentó a más de 40 mil personas en 2025. Lo que representa 6 mil personas más que en 2020, señaló Lara Duque.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha promovido apenas 20 solicitudes de amnistía desde 2020. En delitos de alto impacto, en los que se demostró discriminación, violación al debido proceso o falta de perspectiva de género, especialmente contra mujeres indígenas.
El caso Longino: 14 años de injusticia
Lara Duque destacó el caso reciente de Longino Celestino Zetina, indígena liberado tras 14 años en prisión. “Lo acusaron de homicidio, pero la comisión verificó que desde el día uno el señor había dicho con toda claridad ‘soy indígena’. Y pasaron 14 años para que las autoridades se dieran cuenta de que esa persona al haber dicho que era indígena debió haber sido asistida por un intérprete y por un defensor con conocimiento en derechos y cultura indígena”, relató.
Estos errores procesales no son aislados. “Faltan cientos, si no es que miles de personas, que en su momento un sistema de justicia penal no supo procesar en apego a derechos. Por eso están esos números tan sorprendentes de población penitenciaria”, advirtió.
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Un perfil claro para la nueva presidencia de la Codhem
De cara a la designación de la nueva persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Antonio Lara Duque fue enfático:
“Creemos muy importante que la nueva persona que sea designada como ombudsperson en el Edomex tenga claridad de las dimensiones de la problemática de derechos humanos en nuestro estado. Y que en esa claridad sepa, pueda y quiera vincularse con la sociedad civil para caminar de manera conjunta y coordinada. No solo en los temas de amnistía, también en toda la agenda de derechos humanos, al agua, a la tierra, al territorio, los bosques, pueblos indígenas, comunidad LGBT, derechos de las mujeres…”.
Añadió que todas estas luchas deben tener la misma relevancia y que “ninguna de las agendas se considere menos importante que la otra. El ombudsperson debe estar consciente de eso”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado directo al Poder Legislativo: “Hacemos un llamado sincero al Congreso para que esa reflexión y elección del siguiente titular de la Codhem cumpla las expectativas de una sociedad mexiquense tan ávida y necesitada de compromiso por los derechos humanos”.
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