El enfoque de seguridad del presidente Enrique Peña se ha diferenciado levemente de su predecesor y la gendarmería se redujo drásticamente, por lo que la militarización continua es un panorama inquietante, considerando que los grupos de vigilancia de derechos humanos han vinculado el refuerzo militar durante la administración del expresidente Felipe Calderón a un marcado incremento de casos de tortura y abusos por parte del personal de seguridad.
Especialistas señalan que la militarización llegó para quedarse y que los excesivos gastos en equipamiento militar así lo evidencian.
En un análisis sobre la participación del Ejército en las tareas de combate al Crimen organizado, la firma In SightCrime, destacó el fin de semana en un artículo de David Gagne, que la militarización es una nueva estrategia con viejos resultados, que implica un derroche en gasto militar que resulta decepcionante con respecto al manejo de la seguridad dados los anuncios del presidente Peña Nieto.
El reporte resalta que en México el gasto en materia de defensa se destina mayoritariamente a la lucha contra el crimen organizado y alcanzó altos niveles gracias a los apoyos de un programa de ayuda militar de Estados Unidos, pero ello más que resultados ha generado dudas sobre la voluntad del gobierno mexicano de reducir la militarización de la guerra contra las drogas en el país.
México habría gastado más de mil millones de dólares en equipamiento militar en 2014, a través del programa de Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS por sus iniciales en inglés), según declaró en una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, William Gortney, almirante de la marina de guerra y alto comandante del comando norte de Estados Unidos, a mediados del mes de marzo, informa el portal.
Se menciona también que el propio Gortney, la cifra representa un aumento de cien veces más con respecto a años anteriores. El incremento en las ventas militares a través del programa FMS cumplió un papel clave en lo que Gortney calificó como «un hito histórico en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México.
LA MILITARIZACIÓN LLEGÓ PARA QUEDARSE, EL GASTO LO EVIDENCIA…
Se sabe que hasta 2014, México adquiría equipos militares de Estados Unidos principalmente a través de ventas comerciales directas, además que mayoritariamente las compras mexicanas -través de la FMS- se enfocan a fortalecer los esfuerzos de interceptación de drogas.
In SightCrime documenta que en mayo de 2014, Estados Unidos vendió provisionalmente a México 2 mil vehículos Humvees (vehículo militar multipropósito), por un valor de 245 millones de dólares, para ser utilizados en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo a reportes del Congreso Norteamericano sobre América Latina (NACLA por sus iniciales en inglés), citado por la Fundación.
Como parte de la cuantiosa inversión, se reporta también que en la segunda quincena de marzo de 2015, Estados Unidos acordó vender tres helicópteros Blackhawk por 110 millones de dólares, que también serán destinados a operaciones antidrogas por el Ejército mexicano. La adquisición se efectuó menos de un año después de que el gobierno federal agregara 18 Blackhawks a su flota de helicópteros.
Al respecto, Sarah Kinosian, investigadora principal para Latinoamérica en el Centro Internacional de Políticas, dijo en entrevista con InSight Crime que el incremento en la venta de armas del FMS es «una indicación de que la militarización de la guerra contra las drogas llegó para quedarse», lo que se evidencia por el excesivo incremento en compras al FMS, que sugiere que el país seguirá recurriendo excesiva a las fuerzas de seguridad militarizadas, en su llamada guerra contra las drogas.
Datos recientes sobre ventas comerciales directas (la otra vía por la cual México le compra armas a Estados Unidos) proporcionan indicios adicionales de la continua militarización del país. Después de que las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando de menos de US$400.000 a más de US$1,2 billones, el gasto se mantuvo por encima de US$1 billón en 2013, primer año del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. (La información sobre ventas comerciales directas en 2014 todavía no ha sido divulgada).
In SightCrime señala que aun cuando el discurso oficial apunta que los reportes de abusos han disminuidos, otras evidencias sugieren que las autoridades buscan imponerse mediante violaciones de derechos humanos y citan los hechos ocurridos en Tlatlaya e Iguala.
La Fundación In SightCrime se dedica al estudio del crimen organizado, al que consideran la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe; fue creada por dos periodistas Jeremy McDermott y Steven Dudley, bajo el auspicio de Fundación Ideas para la Paz en Bogotá y con el financiamiento de Open Society Foundations, y se ha convertido en un prestigioso portal de análisis de los temas de seguridad en el continente.
(Para consultar el artículo completo: http://es.insightcrime.org/analisis/militarizacion-mexico-nueva-estrategia-viejos-resultados)


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