Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, una asociación civil que litiga en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea, una de las últimas estrategias de la asociación civil fue fomentar los juicios de amparo contra la distribución de los libros de texto gratuitos. De hecho, facilitó un formato digital para presentar dichos amparos.
Y cabe señalar que, con una maniobra legaloide y en forma fast track, el ministro Aguilar Morales fue quien otorgó las suspensiones a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila.
“La visión de este ministro y de la AC pareciera la misma, por que ambos [también] buscan destituir de la presidencia de la República a López Obrador“, señala la periodista Nancy Flores.
Destituir a AMLO
Explicó que buscan destituirlo bajo el argumento de desacato de orden judicial. El proyecto de sentencia del ministro -que retiró a última hora- señalaba que en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.
Además, Hugo Alberto Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano del Amparo, difundió un ensayo jurídico titulado “Responsabilidad penal del presidente de la República por ordenar que se ignoren las decisiones de los jueces”. En dicho texto se sugiere que a AMLO se le pueden cuadrar delitos de corrupción que lo lleven a la cárcel hasta por 8 años.
Según el abogado, el presidente incurriría en esos delitos por ordenar (el 25 de noviembre de 2022) “desobedecer” los mandatos de los jueces, “cuando se pretenda liberar a delincuentes”.
Presunta defraudación fiscal de ministro
Por otra parte, el 24 de noviembre, la mayoría de ministros invalidaron la prisión preventiva oficiosa para delitos de contrabando, defraudación discal y equiparables. Así como delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir, empresas fantasma). Este proyecto lo elaboró precisamente el ministro Luis María Aguilar, con el argumento de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia.
Sin embargo, la periodista recordó que desde diciembre de 2022, el mismo ministro tiene un expediente de una presunta defraudación fiscal por 25 mil millones de pesos, atribuible a una corporación. Y según Félix Arturo Medina Padilla, procurador Fiscal de la Federación, solicitó atraer el expediente para no resolverlo.
El 22 de agosto pasado, el funcionario señaló el caso durante una conferencia matutina.
“[El juzgador ha retrasado] indebidamente la resolución del asunto. Atenta no solamente contra la Constitución federal, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos“.
Otro señalamiento sobre el ministro Aguilar fue el caso del supuesto tío de Luis Cárdenas Palomino. El 14 de junio, el procurador Medina Padilla señaló que el ministro cambió el sentido de su proyecto de sentencia para proponer que la justicia amparara a Gustavo Cárdenas Fuentes. Se trata de un caso de presunta evasión de impuestos por más de 10 mil millones de pesos.
“El empresario – quien asegura no tener parentesco alguno con Cárdenas Palomino”- no recibió el beneficio gracias a esa denuncia“, explicó Nancy Flores.
Plan B reforma electoral
Por su parte, el ministro Pérez Dayán -quien figura como integrante del Consejo Directivo con el carácter de vocal- desaprobó el “Plan B” electoral. Este consistía en declarar las obras de infraestructura como seguridad nacional y transferir la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ante los nexos, Contralínea solicitó la versión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el posible conflicto de intereses que representa su participación en la asociación civil. Pero no obtuvo respuesta.
Instituto Mexicano del Amparo
Esta asociación civil se fundó en 1980 bajo el auspicio del abogado Ignacio Burgoa Orihuela. De acuerdo con Contralínea, es una de las organizaciones con mayor influencia en el Poder Judicial Federal.
Actualmente, los ministros de la Suprema Corte Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán forman parte del Instituto Mexicano del Amparo.
“Ambos están confrontados con López Obrador por las decisiones contrarias al interés de la mayoría del pueblo. Y en ese mismo sentido ha actuado el Instituto Mexicano del Amparo, arropando las ideas más conservadoras y litigando contra el gobierno federal“.
Además, en 2018 la AC presentó un recurso legal para mantener los privilegios de los servidores públicos. Buscaba dejar sin efectos el precepto constitucional que mandata que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.