El parque público ubicado en la Unidad Habitacional Los Héroes, en Ixtapaluca, no nació en 2023. Su origen se remonta a un proceso de construcción desarrollado entre 2015 y 2019, cuando se consolidó la Plaza Estado de México durante la administración de Maricela Serrano Hernández.
De acuerdo con información de ese periodo, la obra implicó una inversión cercana a los 45 millones de pesos, la intervención de más de 10 mil metros cuadrados y un beneficio estimado para alrededor de 25 mil habitantes. El proyecto incluyó canchas deportivas, áreas infantiles, teatro al aire libre, zonas verdes, andadores, gradas, velarias y módulos sanitarios, configurando desde su origen un espacio público integral.
El cambio de administración en 2021 marcó un nuevo contexto político en el municipio. Tras la derrota electoral de Serrano Hernández, vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumió el gobierno municipal Felipe Rafael Arvizu de la Luz, emanado de Morena, en un escenario de alternancia.
En marzo de 2023, el mismo espacio fue objeto de trabajos de modernización impulsados por la administración de Arvizu de la Luz, en coordinación con el Gobierno del Estado de México. La placa actualmente visible en el sitio refiere únicamente a esta intervención, señalando acciones sobre una unidad deportiva ya existente.
Sin embargo, el cambio no fue solo de infraestructura, sino también de narrativa. La placa original que documentaba la construcción del parque fue retirada y sustituida por otra que alude exclusivamente a la modernización, eliminando del espacio público el registro visible de su origen.
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Construir no es lo mismo que modernizar
La diferencia entre ambos procesos resulta central. Mientras la construcción implicó la creación del espacio desde su base, la modernización corresponde a intervenciones posteriores sobre una obra ya existente. En el sitio, no coexisten ambos momentos: únicamente permanece el más reciente.
Cuestionamientos administrativos y legales
Desde el punto de vista administrativo, la eliminación de la placa original abre interrogantes. El artículo 16 de la Constitución establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo que plantea la duda sobre si existió un procedimiento formal para retirar un elemento que forma parte del registro físico de la obra.
En la misma línea, la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a conducirse bajo principios de legalidad y congruencia, lo que implica que la información presentada al público refleje de manera completa los hechos.
Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos reconoce el valor de los elementos que conforman la memoria e identidad de los espacios urbanos, entre ellos aquellos que documentan su origen y evolución, como las placas conmemorativas.
Información incompleta
Mientras la construcción del parque cuenta con datos documentados sobre inversión y población beneficiada, la intervención realizada en 2023 no presenta, al menos de forma pública, información detallada sobre el monto ejercido ni el alcance específico de los trabajos, lo que dificulta una comparación directa entre ambas acciones.
En este contexto, el retiro de la placa no solo representa un cambio material, sino una modificación en la forma en que se presenta la historia del espacio público.
Hasta ahora, no se ha informado si la placa original fue resguardada, reubicada o retirada mediante algún procedimiento oficial, ni el criterio utilizado para mantener únicamente la referencia a la intervención más reciente. Esto abre la posibilidad de revisar la actuación administrativa y la integridad de la información pública relacionada con la obra.
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