Según autoridades del Gobierno del Estado de México, el saldo del motín que se realizó ayer por la noche en el penal de Barrientos fue: 17 lesionados (de los cuales diez son internos, y siete los elementos policiacos), un civil detenido y seis patrullas dañadas. Pues al menos 500 internos se amotinaron después de una riña entre un grupo de reos, que concluyó en un desorden al interior del reclusorio en el cual los presos quemaron colchones, muebles de madera y lanzaron proyectiles en contra de los custodios, y en el exterior familiares atacaron a elementos antimotines.
Éste penal se construyó para alojar a mil presos, pero actualmente aloja a más de tres mil; aunque la información oficial difiere ya que sostiene que se encuentra en un cien por ciento de hacinamiento.
Y aunque las autoridades han dicho que son hechos aislados, lo cierto es que un día antes existió la fuga de un interno, y recientemente como resultado del motín, se dio a conocer que tres reos ya sentenciados, evadieron la seguridad del penal de Barrientos y están siendo buscados, incluso se han ofrecido recompensas a quien dé información en torno a su paradero.
La problemática general de los penales no solo en el país, sino en el Estado, la conocemos bien; sobrepoblación, abuso del derecho penal, pobreza, autogobierno, violaciones constantes de derechos humanos, corrupción, etc.
Desgraciadamente, las fallas del sistema penitenciario se evidenciaron de nueva cuenta cuando ocurrió el motín, pues al tener una población de más del cien por ciento, es una cuestión de tiempo para que se geste un problema. Recordemos el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, que arrojó un saldo total de 49 reos fallecidos y 11 lesionados; este penal excedía alrededor de un 24 por ciento su capacidad, sin embargo, no podemos minimizar la responsabilidad que debe deslindarse a las autoridades que fueron omisas en mejorar las condiciones de este lugar, y de prever el daño causado.
Por otra parte, se requiere una reforma profunda, donde se establezcan controles claros de las autoridades, como la rendición de cuentas y transparencia en sus funciones, el acatamiento de normas claras por parte de los reos, el respeto a los derechos humanos, la separación de internos, es decir, una reforma humanista que mejore no solo las condiciones de reclusión de las personas internas, sino la recuperación del control de las normas por parte de la autoridad.
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