El haber permanecido en el poder por cerca de cien años provocó que los servidores públicos nombrados por el PRI en el Estado de México cometieran muchos errores, incurrieran en excesos y violaran flagrantemente la ley, además, la red de complicidades derivó en que los actos de corrupción quedaran impunes.
El hartazgo social expresado en las urnas por tan evidentes conductas se motivó, entre otras razones, por el deseo de cambio, pero también de castigo y de solución de las causas que provocaron tales situaciones, pero el haber ganado no es un cheque en blanco y el nivel de tolerancia ciudadana dará menos margen de actuación a los nuevos.
Cuatro parecen ser los muertos más visibles en el clóset: el reclamo de los usuarios y pensionados del ISSEMyM, la conclusión de los hospitales pendientes desde los tiempos de Eruviel Ávila, la estafa maestra y el manto de impunidad que la rodea, y finalmente los transportistas. Cada uno tiene su grado de complejidad y son multifactoriales, pero tienen un común denominador: urge su atención.
Sin embargo, en la nueva administración parece que la tortuga va que vuela, en el ISSEMyM ni siquiera se nombró a un nuevo director general, así la importancia que se le da a un mes de estar en la silla. Imagínese el desánimo que ocasiona en los derechohabientes ver las mismas caras de los que durante años los ignoraron y maltrataron. A lo que habrá que sumarle el desafío financiero por las malas prácticas.
En cuanto a los hospitales, es un dineral el invertido, no se han acabado y se les debe a los encargados de la construcción y puesta en marcha. El Estado está obligado a pagar gracias a los contratos ventajosos firmados en su oportunidad, debiera de iniciarse una denuncia penal de inmediato para que los responsables no queden impunes, y a los empresarios abusivos marcarles un hasta aquí.
Los encargados de los órganos de control del pasado y algunos todavía en funciones, como cómplices, dejaron prescribir varias irregularidades, aunque hay algunas otras que, parece, aún están vivas. Por ejemplo, hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República capturó en la Ciudad de México a un excoordinador de delegaciones de la Sedesol por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades derivado de un contrato asignado a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), con el que se habrían desviado más de 124 millones de pesos.
Por último, los transportistas, especialmente del Valle de México, han denunciado que eran extorsionados por las autoridades del Gobierno del Estado de México y, sin embargo, ahí siguen, al igual que todos los problemas alrededor del transporte y la movilidad.
Pareciera que la estrategia de designación de servidores públicos clave de manera escalonada no fue bien diseñada o de plano no estaban preparados. El riesgo de que los cadáveres en el clóset entren en estado de descomposición y apesten es inminente.
Fox hizo algo parecido con resultados funestos, pretendió convivir en la administración pública con los representantes del pasado, y ellos mismos se encargaron de obstaculizar los deseos de cambio.
Con la agravante de que los perdedores del momento son perversos, capaces de impulsar y financiar manifestaciones o llevar cualquier práctica desestabilizadora. Muestra de ello es el descaro con el que diputadas locales que estaban en contra del aborto ahora disfrazan su apoyo.
Que conste que se les advirtió a tiempo que el bono de la confianza ciudadana se agota muy rápido y que la administración pública es un elefante reumático que aun con jinete se mueve lento, ahora sin él, ya para qué hablamos.
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