Este mes de diciembre se cumplieron tres años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia contra el estado mexicano por el caso de las Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, desde entonces “los obstáculos que siguen enfrentando las víctimas para acceder a la verdad y justicia revelan la ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales”, advirtieron organizaciones defensoras que acompañan el caso.
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La sentencia fue notificada a principios del año 2017, en el marco del arranque de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y de la gubernatura de Alfredo Del Mazo Maza. Desde entonces, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha observado el incumplimiento de las distintas instancias obligadas, entre ellas, las Fiscalías local y general, y las policías municipal, estatal y federal: “esto ha generado que la mayoría de las medidas ordenadas, tanto individuales como estructurales, no se hayan cumplido e incluso, en algunas de ellas, se evidencie retroceso”.
Lo anterior, a pesar del fallo internacional que responsabiliza al estado mexicano de los hechos de tortura sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres en el marco del operativo policial del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Además del nulo avance en las investigaciones de los responsables y de la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, la Fiscalía del Estado de México obstaculiza la investigación, al negarse a que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
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Entre otras medidas, la sentencia ordenó a México crear antes del 2020 un Observatorio Independiente para monitorear el uso de la fuerza por parte de la entonces Policía Federal, que dio paso a la hoy Guardia Nacional, sin que hasta la fecha se haya creado.
En mayo de 2006, se registró el evento violatorio de derechos humanos a partir de un conflicto de autoridades municipales de Texcoco contra un grupo de floristas, que se oponían al despojo de tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1 mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Durante el acto de represión dos personas perdieron la vida y 217 personas fueron detenidas y torturadas, entre ellas 47 mujeres que sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión, tal como ha documentado el Centro Prodh. La Corte constató las graves afectaciones a la integridad personal sufridas por once mujeres y sus familiares.
