Los partidos políticos que no hayan retirado la propaganda utilizada en el proceso electoral de Gobernador en la elección pasada serán sancionados y multados según estipula el Código Electoral mexiquense.
Durante la vigésima octava sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fue aprobado el proyecto de acuerdo por el que se ordena el retiro o blanqueo forzoso de la propaganda electoral.
Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del órgano electoral local, informó que luego de los recorridos de supervisión, y según el inventario de propaganda fueron ubicados mil 805 lugares con propaganda electoral; de ellos 368 corresponden al PRI; 69 a la coalición PRI-PVEM-Panal-PES; 209 al PAN; 196 al PRD; 168 a MORENA; 36 al PT; 32 a Encuentro Social; cuatro corresponden a Nueva Alianza y tres al Partido Verde.
Señaló que los partidos políticos saben con antelación de la obligación que tienen sobre el retiro de la propaganda; destacó que los mil 805 lugares que se identificaron con propaganda política luego de los siete días que marca la ley para su retiro, representan una minoría comparado con las 18 mil 605 casillas instaladas el día de la jornada electoral, así como con la extensión territorial del estado de México.
Zamudio Godínez indicó que será el director de Administración del IEEM, quien en su carácter de presidente del comité de adquisiciones, realice los procedimientos conducentes para la contratación de una empresa que se encargue del retiro de la propaganda electoral, misma que deberá rendir un informe donde se haga constar gráficamente donde se encuentra la propaganda y como luce el lugar luego del retiro de la misma.
Al respecto Alfonso Bravo Álvarez Malo, representante del PAN, pidió que se detallen las ubicaciones específicas de los lugares detectados con propaganda no retirada, y que se pondere cuando un ciudadano no quiera retirar la propaganda política que tiene en su domicilio “por amor al partido”.
Zamudio Godínez aseveró que si una barda permanece con propaganda electoral, esta será contabilizada como un gasto, con repercusión de carácter fiscal, mismo que tendrá que ser asumido por el partido político responsable.
Finalmente comentó que la ley exime a los ciudadanos que deseen mantener la propaganda política en sus inmuebles y una vez analizado el informe correspondiente, de ser necesario, se deslindarán responsabilidades al partido político en cuestión.
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