“Era un torito, un gordito macizo”, así lo describe su mamá. Sami nació grande, fuerte, y con una calificación de 9.9 en la escala del 1 al 10 de Apgar, una prueba realizada en el primer y quinto minuto de nacimiento, se revisa respiración, frecuencia cardiaca, tono muscular, reflejos y coloración de pie. Indica la evolución del bebé al exterior del cuerpo materno y su capacidad de adaptación.
A los 10 meses, un médico le cambió la vida al dejarle una aguja quirúrgica en su interior en una innecesaria operación contra el reflujo nivel 2, al parecer solo para cobrarla, generándole un total de 19 discapacidades permanentes.
A sus 17 años, Jorge Samuel, quien era un risueño bebé, lleno de vitalidad, vive enclaustrado, sin correr, jugar, ir a la escuela y tener una vida normal y en espera de recibir la reparación de daño que señaló una sentencia de 2017.
Pese a que su caso ya pasó por manos de los ministros: Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, y hasta de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, nada más los demandados no pagan y se la pasan en crueles incidentes que les son aceptados una y otra vez.
Una operación innecesaria
En 2007, con 20 años de labor en Banamex, Martha Fabiola Leyva Lizarraga era una exitosa ejecutiva de cuenta, con una de las mayores responsabilidades en la banca. Era enviada a viajes en representación de la empresa y tenía varios reconocimientos. Entre sus prestaciones contaba con el servicio médico mediante la aseguradora Vitamédica S.A de C.V, quien autorizó, sin chistar, la operación endoscópica, supuestamente menos invasiva, por un reflujo grado 2 a su bebé.
El pequeño ya había sido tratado con medicamento por su pediatra, que cometió el error de suspendérselo, por lo que regresaron los malestares y vómitos. Fue él quien envió al niño con el cirujano, Óscar García Murray, y luego avaló la intervención que, con el tiempo, Martha Fabiola supo que no era necesaria y que estas prácticas médicas, de aprobar operaciones no necesarias, son frecuentes para cobrarlas.
En la cirugía que sería solo de hora y media, y el bebé quedaría muy bien, según la promesa de ambos médicos, el cirujano olvidó una aguja quirúrgica que generó otras dos operaciones con abertura del cuello al vientre al bebé, en menos de 48 horas, por lo que, al estarla buscando, el cirujano le perforó el esófago y el pulmón. El bebé dejó de ser él, no podía respirar y fue conectado a muchos aparatos, intubado y luego tuvo que ser alimentado por sonda. “Yo no lloraba, aullaba”, recuerda Fabiola.
El Viacrucis
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) fue el primer lugar donde le dijeron a la mamá que el dejar una aguja dentro no era grave, que había casos que dejaban hasta pinzas. Y se negaron a aperturar la queja. Decidió llevar el caso a tribunales en enero de 2009.
Denunció a Vitamédica, propiedad de Banamex, en un 50% de acciones, y donde Fabiola llevaba trabajando más de 20 años: la despidieron. No solo eso, sino que la contrademandaron por el crédito hipotecario que tenía con ese banco, en donde uno de sus jurídicos le exigió pagar en cuatro meses o la sacarían de su departamento. Fabiola los acusa por despido justificado. La familia se enfrentaba a tres denuncias al mismo tiempo.
En 2009, el Juzgado 52 Civil dio una primera sentencia a favor del menor y contra la aseguradora y el médico Óscar García Murray, perteneciente a su red de servicios, a quien le autorizó una operación innecesaria a un bebé. Apelaron la resolución.
El magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano, al revisar el caso, absuelve al médico por considerar que había prescrito a los dos años, cuando en realidad se contabiliza ese tiempo al superarse las afectaciones, es decir, nunca.
No solo mal protegió al médico, sino que sentenció a la madre a pagarle gastos y costa, por un monto de 300 mil pesos.
La Décima Sala revisó esa determinación, la derribó y condenó a Vitamédica y al cirujano pediatra con base en la Ley Federal del Trabajo, ante la falta de normatividad, a pagar al menor afectado cuatro salarios mínimos diarios, pero del más alto que existe en México, que es el de reportero en Tijuana, por el tiempo que se llevaba el caso, hasta ese 2012, considerando todos los tratados internacionales y derechos a la infancia.
Los ministros ignorados
La empresa y el médico metieron recurso de revisión al máximo tribunal. Y tras casi tres años, Arturo Zaldivar, como proyectista, propuso ratificar la sentencia y la reparación de daño, igualmente considerando tratados internacionales y el bienestar del infante; lo cual se votó por unanimidad.
Sin embargo, los acusados volvieron a meter otro recurso de revisión, y en contra de los derechos del pequeño Sami, les fue aceptado. Esta vez le toca el caso a la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, quien se negó a recibir a la madre del pequeño, y dejó atorado el caso 5 años más, hasta que Norma Lucía Piña llegó a suplirla. Ella sí la recibió en su oficina. “Yo sé que usted tiene que luchar, no se puede doblar, ya son 9 años en que no ha visto la justicia, no debe claudicar para que pueda enfrentar lo médico y lo económico”, le dijo a Fabiola.
Además, la hoy ministra presidenta le pidió hablar con el resto de los ministros de la Sala: José Ramón Cossio, Alfredo Gutiérrez Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se mostraron muy sensibilizados con el tema.
El 14 de junio de 2017, tras hablar con todos, por unanimidad de votos, resolvieron de manera favorable, ratificando la primera sentencia y la contabilización de la condena económica.
El magistrado incesante
Resalta que en el incidente de ejecución de sentencia, para cuantificar el pago, se hizo un peritaje médico por el especialista Carlos Baeza, uno de los pediatras más destacados del país, que determinó que el joven tendría todas esas incapacidades de por vida, que nunca se tuvo que operar al bebe por un reflujo leve y mucho menos por laparascopia, ya que no hay tecnología para intervenir de esa manera a niños menores de 5 años en México.
Y otra vez el Colegiado ordenó al juez emitir sentencia, que fue en el mismo sentido que en 2009.
Entonces, la aseguradora apeló a la determinación judicial al considerar que la cantidad era estratosférica —por los años que había y siguen pasando—. La revisión vuelve a caer al mismo magistrado. Señaló que se debía notificar personalmente al médico y no por boletín judicial. Pero llegó la pandemia, y todo se detuvo.
En 2022 se reabrieron los juzgados, y la aseguradora llevó el acta de defunción del médico. Había muerto. Eso generó que se solicitara un albacea del difunto, que fue su hermana, pero nunca se presentó. La intención era cobrarle al médico a través de sus bienes que hubiera dejado. Para saber esa información se deben pagar 10 mil pesos de impuestos que no tiene.
Se decidió dejar de lado esa parte, y centrarse en la aseguradora. El juez de origen, que ya había cambiado por tercera vez en todos esos años, vuelve a dictar la misma sentencia, dictaminando que se tenía que pagar 4 mil 460 días por las afectaciones. Pero otra vez se vuelve a apelar y cae con el mismo magistrado.
El magistrado Ángel Humberto Montiel Trujano, a los 10 meses, resolvió en una breve sentencia y redujo el número de días a pagar a una cuarta parte: solo mil 95 días, lo que significaba tres años de afectaciones, y no los 14 años que se habían contabilizado, volviendo a revictimizar al menor al considerarlo como un trabajador, ya que la Ley del Trabajo toma esos días como máximo para el pago de una incapacidad. La orden de la SCJN era basarse en esa normatividad, más no aplicarla tal cual.
De la oficina del magistrado, la secretaria de Acuerdos, Ivón Ángulo Gallardo, le indicó a la señora Fabiola que el magistrado no consideró en sus sentencias leyes internacionales, ni interés superior del menor, solo las locales “porque él es muy jurídico, muy cuadrado”.
La audiencia del amparo solicitado por la familia de Samuel para revisar esta última sentencia, que condona una cantidad importante a la aseguradora Vitamédica, será este mayo.
Los daños
La mala praxis médica le destrozó a Sami el sistema inmunológico, por lo que cada mes le hacen trasplante de defensas, eso es desde hace 13 años y será de por vida. Cada uno cuesta ahora 500 pesos, además de que su capacidad pulmonar es baja, aunada a la mala absorción de nutrientes. Usa disparadores y muchos medicamentos, no puede convivir en lugares no estériles, por lo que casi no puede recibir visitas. Aunque tienen ISSSTE, no cuentan con la medicina necesaria.
El esposo de Fabiola presentó una parálisis, un infarto y luego se le declaró diabetes; en tanto que ella fue intervenida en el Hospital General por una gastroesofagitis nerviosa severa con sangrado, además de que presentó un insomnio que la llevó a un padecimiento siquiátrico. Su esposo gana 3 mil 500 a la quincena, por lo que muchas veces no tienen ni para comer, aunado a que está muy endeuda con varias de sus amistades.
“En papel tengo una sentencia favorable, pero en la práctica no he recibido un solo peso”, lamenta esta madre de familia que se ha quedado al lado de su hijo para cuidarlo, sin poder trabajar más.
En una carta enviada a Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, Martha Fabiola le señaló que han vivido un viacrucis por el estrés implorando justicia. «Nos seguimos preguntando qué poderosa razón tuvo el magistrado para volvernos a causar tanto daño, favoreciendo con su resolución los intereses de la aseguradora».
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