La actual directora del DIF Toluca, Marian Díaz Solano, ha mantenido a su prima, Laura Díaz Bernal, como asistente, cobrando 43 mil 642.26 pesos cada mes, aproximadamente; es decir, más de medio millón de pesos al año. Díaz Bernal ha acompañado a Marian durante sus distintos cargos en la administración de Raymundo «N» en Toluca.
Antes de incorporarse al DIF Toluca como directora general, –tras otro escándalo de corrupción y nepotismo con familiares del alcalde–, Díaz Solano se desempeñaba como titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE). En esa Unidad, también la acompañó su prima, como «analista especializada»; aunque, su formación profesional está enfocada en Psicología.
Esta casa editorial solicitó, reiteradas ocasiones, la versión, declaraciones y entrevista con la directora del DIF, sin embargo, no ha acudido a laborar desde la fuga del alcalde Raymundo «N», según menciona el propio personal del DIF, que en su ausencia opera con normalidad.
Quejas contra Marian
Ciudadanos externaron quejas en contra de Díaz Solano por medio de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Toluca; mismas que quedaron en el olvido al no ser presentadas por la vía correcta.
«Mi pregunta va para el presidente municipal Raymundo Edgar Martínez Carbajal, ¿por qué permite en su administración el nepotismo en la UIPPE? La titular, Marian Díaz Solano, tiene a su prima Laura Bernal Díaz como su asistente, la cual nos grita; y a su cuñada Karla Mireya García, quien pasa la mayor parte del tiempo comprando en línea y nos exige sacar el trabajo. También, la Licenciada Marian Díaz nos grita como loca, nos llama fuera del horario laboral para exigirnos trabajo y, si no lo hacemos, nos insulta con groserías.», expresaron en mayo de 2022.
«Quisiera entender por qué la Licenciada Marian Díaz Solano, titular de la UIPPE, nos exige realizar tareas que no corresponden a nuestra área y nos obliga a quedarnos a laborar después del sismo, a pesar de tener responsabilidades familiares. Me gustaría conocer de qué partida presupuestaria se financian sus dinámicas de integración. Además, ¿por qué cada vez que solicitamos información a otro departamento, esta debe ser autorizada por ella o su asistente?
«¿Por qué permite el acoso laboral dentro de su unidad, trayendo personal que parece estar para observar y controlar a los empleados de cada departamento? También, ¿por qué su asistente solicita autorización cada vez que requerimos información? La transparencia en la gestión de la información pública es fundamental, y estas autorizaciones generan dudas sobre la transparencia de la unidad.
«Adicionalmente, me gustaría saber por qué la titular nos envía a espiar con el personal que ella ha introducido, exhibe comportamientos agresivos y se apropia del trabajo que realizamos.», cuestionaron en octubre del mismo año.
Nepotismo, un pendiente en la ley del Edomex
El marco legal, representado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y las reformas vinculadas con el sistema anticorrupción, no incorporan explícitamente la figura del nepotismo. Sin embargo, imponen la obligación ética a los servidores públicos de abstenerse de designar, emplear o promocionar a individuos con quienes mantengan vínculos familiares de hasta cuarto grado por consanguinidad, afinidad o civil, y que estén bajo su jerarquía.
Este vacío legal ha suscitado debates sobre la necesidad de una regulación más específica para prevenir situaciones de favoritismo o conflicto de intereses en el ámbito público. Mientras tanto, casos como el de Díaz Solano y Díaz Bernal ponen de relieve la importancia de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública.
La discusión sobre el nepotismo no se limita únicamente al cumplimiento estricto de la ley, sino que también se adentra en consideraciones éticas y de equidad en el acceso a oportunidades laborales dentro del ámbito gubernamental. A medida que evoluciona este debate, el llamado a la revisión y actualización de las normativas se vuelve cada vez más imperativo para garantizar la imparcialidad y la integridad en las instituciones públicas.
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