La Secretaría de Seguridad (SS) negó que en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) de la entidad mexiquense, exista algún cobro para los familiares de los internos, como dieron a conocer familiares del
En este sentido, la institución reitera que el informe “Situación Carcelaria en el Estado de México” elaborado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y presentado a diputados y servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM), «expone supuestas violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, se sustenta en denuncias verbales que no se han formalizado ante las instancias legales correspondientes».
En dicho documento se refiere que en los días de visita, aparentemente se exige una cuota de mil 200 pesos a los parientes de las Personas Privadas de la Libertad (PPL); sin embargo, esto bajo ninguna circunstancia está permitido, mientras que para supervisar el buen actuar en los CPRS cuentan con una oficina de la Codhem destinada a garantizar el irrestricto apego de los derechos de quienes atraviesan un proceso o cumplen una sentencia.
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La dependencia del poder ejecutivo, afirmó que las diputadas y diputados integrantes de la LXI Legislatura del Estado de México, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en el Congreso local, Diputado Adrián Juárez Jiménez, así como personal de la Codhem han realizado visitas sorpresa, sin que destacaran hallazgos que fundamenten dichas denuncias
A los elementos que se les ha detectado en actos de corrupción, se les ha integrado su expediente respectivo ante la Comisión de Honor y Justicia, en el periodo comprendido de septiembre de 2017 a la fecha, se tiene registro de más de 250 expedientes, en proceso de investigación y se ha dado de baja a 62 elementos por decisión de la Comisión de Honor y Justicia.
Es importante destacar que hasta el momento, no se tiene registro de ninguna denuncia formal por actos de acoso sexual por parte de servidores públicos de la institución en contra de familiares o mujeres privadas de la libertad, y en caso de existir, exhortaron a los familiares y población penitenciaria a utilizar los canales institucionales, mismos que permitirán dar seguimiento y actuar con todos los recursos administrativos y legales necesarios.
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