La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México envió una recomendación a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPYRS) del gobierno del Estado de México, al documentar que una doctora de los servicios médicos del penal “Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla, negó atención a un interno, argumentando que por ser un delincuente no tenía derechos, lo que provocó le fuera amputada la mano, detalla el expediente 23/2015.
El documento explica que tras una investigación se logró comprobar que el personal médico de la institución discriminó al recluso.
Los hechos se derivaron de una pelea entre internos, de la que uno resultó lesionado en el brazo derecho, y a pesar de ser revisado por cinco médicos que corroboraron una posible fractura, no le fue proporcionada la atención requerida.
También se detectaron omisiones en el llenado de las notas clínicas, así como el tardío traslado a un hospital de mayor capacidad resolutiva, por la supuesta falta de ambulancia, no obstante, cuando fue trasladado al hospital, después de varios días, le tuvieron que amputar la mano derecha.
La CODHEM solicitó establecer convenios con alguna unidad hospitalaria, a fin de cumplir con el Procedimiento de Traslado de internos para audiencia y definitivos, y evitar la denegación médica; asimismo pide observar la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico para considerarlo como protocolo de estudio obligatorio en la investigación clínica.
La recomendación determina brindar atención psicológica y un tratamiento rehabilitador, para que la persona afectada pueda acceder a una prótesis; además de impartir cursos sobre derechos humanos al personal del Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, en Tlalnepantla.
Al considerar que la disputa entre los dos internos no generó reporte de vigilancia, se pidió instaurar el debido procedimiento para aplicar sanciones en caso de infracciones disciplinarias por parte de internos y personal.
Asimismo, la defensoría estatal de habitantes solicitó remitir al titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, copia certificada de la recomendación para agregarla al expediente iniciado, a fin de sustentar la resolución y posibles sanciones por las omisiones de los servidores públicos y personal de salud.
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