No todo lo que hace el alcalde está mal. Afirmar eso es excesivo e insostenible, una mentira vil. Creer que pasa su día pensando cómo hacer el mal, además de ocioso, es enfermizo. Raymundo es, por antipático, débil hacia fuera, pero hacia dentro es fuerte, tiene control pleno del Ayuntamiento. La mayoría de los integrantes del Cabildo, sin importar origen o partido, le respaldan. La reciente aprobación para endeudar más al municipio lo confirma. Debería dejarse de boberías y aprovechar esa condición para gobernar bien, sin desplantes autoritarios y dando buenos resultados. Eso, al final de cuentas, es lo que la gente quiere, un gobierno que resuelva problemas y mejore la calidad de vida de la comunidad.
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El rancho de 4 hectáreas que la familia Calderón Zavala tiene en Ayapango, a los pies del Popocatépetl, está prácticamente abandonado. Nadie de esa familia lo visita con frecuencia, la vigilancia del Ejército fue retirada hace mucho tiempo. La casona que Felipe mandó construir está tan deteriorada como la reputación del expresidente en el exilio. Todo se parece a su dueño.
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Lo que el PRI haga o deje de hacer es irrelevante para la enorme mayoría de ciudadanos mexiquenses. Solo a algunos medios de comunicación sigue pareciendo de valor noticioso reportar sus actividades. La dirigencia estatal es de un mediocre subido, no atina a recomponer la figura luego de la épica derrota en la que perdió la gubernatura. Es una pena, no debería fenecer de tan penosa manera.
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A propósito del PRI, el retorno de Alejandra del Moral se ha postergado frente a la resistencia de “Alito” Moreno de cederle el control. La relación entre ambos quedó muy deteriorada después del 4 junio y parece irreconciliable. Él insiste en que sea la diputada Ana Lilia Herrera quien encabece la reconstrucción.
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La residencia de Explanada 911, en las Lomas de Chapultepec, registrada como oficinas de la representación del Gobierno del Estado de México, en la Ciudad de México, pero que en realidad ha sido usada como oficina para atender asuntos privados del mandatario en turno, no tiene justificación para seguir funcionando. Su operación cuesta millones de pesos al año. En congruencia con los principios de la 4T, la gobernadora Delfina debería destinarla a otro uso o desincorporarla.