La salida de Guadalupe Taddei del INE abrió una negociación por la conducción del árbitro electoral rumbo a 2027, mientras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas llevó a la izquierda mexicana a revisar parte de su historia. En las calles y los planteles, las protestas de transportistas, trabajadores del IMSS y estudiantes de la UAM mantuvieron abiertas exigencias de seguridad, mejores salarios y condiciones para trabajar y estudiar que las respuestas institucionales aún no consiguen resolver.
■ Taddei deja el cargo en el INE y las investigaciones continúan
Guadalupe Taddei formalizó el lunes 26 de octubre su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, después de los señalamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés. Su salida abrió el procedimiento para sustituirla y dejó pendiente el esclarecimiento de las adjudicaciones cuestionadas. Claudia Sheinbaum y representantes de distintos partidos coincidieron en que abandonar el cargo no debía detener las revisiones ni las investigaciones sobre el manejo de recursos del organismo.
Taddei había llegado a la presidencia del INE en abril de 2023 para un periodo que concluiría en 2032. La vacante obliga a la Cámara de Diputados a construir un acuerdo para nombrar a quien la sustituya, mientras el Instituto mantiene los preparativos de las elecciones de 2027. Las responsabilidades por los contratos deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes; la renuncia, por sí misma, no acredita irregularidades ni cierra los expedientes.
■ Cuauhtémoc Cárdenas: la despedida de un referente de la izquierda
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió el miércoles 28 de octubre a los 92 años, después de una trayectoria que atravesó algunos de los principales cambios políticos del México contemporáneo. Fue gobernador de Michoacán, tres veces candidato presidencial, fundador del Partido de la Revolución Democrática y, en 1997, el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto ciudadano.
Su ruptura con el PRI y la candidatura presidencial de 1988 contribuyeron a reorganizar a la oposición de izquierda y a colocar la defensa del voto en el centro de la discusión pública. Tras su fallecimiento, dirigentes y funcionarios expresaron condolencias y recordaron sus aportaciones a la apertura democrática, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, Clara Brugada y Delfina Gómez. Su trayectoria permite entender parte del camino que recorrió la izquierda antes de llegar a la Presidencia de la República.
■ El aumento salarial no cerró la protesta en el IMSS
Los trabajadores inconformes del IMSS mantuvieron durante la semana los plantones y los preparativos para la movilización nacional del 30 de octubre, pese al acuerdo de incremento global de 8% anunciado días antes. Sus demandas incluyen un aumento de 10% directo al salario, abasto de medicamentos y materiales, contratación de personal y mejores condiciones en las unidades médicas. En el Valle de Toluca también reunieron firmas para respaldar la exigencia de cambiar a la dirigencia sindical.
El acuerdo contempla 4 % al salario tabular y 4 % al concepto de ayuda para renta, pero la discusión se extendió a la representación de los trabajadores y a la forma en que se toman decisiones en su nombre. Los manifestantes exigen la salida de Rafael Olivos Hernández y un Congreso Nacional Extraordinario, mientras el dirigente rechaza renunciar. Esa disputa explica por qué la negociación salarial no bastó para levantar los campamentos ni detener las convocatorias a nuevas protestas.
■ Transportistas realizan bloqueos por seguridad y condiciones fiscales
Organizaciones del autotransporte realizaron el lunes 26 de octubre caravanas, cierres parciales y recorridos a baja velocidad para presionar al Gobierno federal. Entre sus reclamos estuvieron los robos, las extorsiones, los cobros irregulares y el deterioro de las carreteras, además de desacuerdos sobre los beneficios fiscales del sector. Las movilizaciones afectaron corredores que conectan al Estado de México con la capital del país y complicaron los desplazamientos de automovilistas y usuarios del transporte público.
El conflicto reúne demandas de protección para quienes conducen y trasladan mercancías con intereses económicos de las empresas transportistas, por lo que sus peticiones requieren distinguirse. La inseguridad provoca pérdidas y pone en riesgo a los operadores; la discusión fiscal, por su parte, involucra las condiciones bajo las cuales las compañías pagan impuestos y acreditan gastos. Durante las protestas, el costo inmediato también recayó sobre personas ajenas a la negociación que quedaron atrapadas en las vialidades.
■ Las protestas estudiantiles de la UAM alcanzan a Lerma
El movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana se extendió durante la semana y alcanzó a la Unidad Lerma, donde la asamblea notificó el miércoles 28 de octubre un paro escalonado de 72 horas hábiles. La decisión modificó el escenario planteado durante la mañana, cuando se hablaba de una suspensión indefinida, y estableció una modalidad específica para la protesta del campus mexiquense.
La incorporación de Lerma ocurrió mientras otras unidades de la UAM mantenían movilizaciones y pliegos de demandas sobre las condiciones de estudio y los servicios universitarios. Aunque forman parte de una misma institución, las decisiones se toman en las asambleas de cada plantel, de modo que los plazos y las modalidades de suspensión no son necesariamente iguales. El seguimiento del conflicto depende de las respuestas a esas peticiones y de los acuerdos que alcancen las comunidades con sus autoridades.
■ Inés Gómez Mont cae en Miami tras cinco años prófuga
Inés Gómez Mont fue detenida el viernes 30 de octubre en Miami, donde quedó bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. La Fiscalía General de la República confirmó la captura y señaló que la exconductora tiene una orden de aprehensión vigente en México por presunta defraudación fiscal equiparada. Buscada desde 2021, permanece a la espera de que se defina su situación en Estados Unidos, sin una fecha anunciada para su entrega a las autoridades mexicanas.
El caso involucra a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, y un presunto desvío de alrededor de 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos del sistema penitenciario federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La investigación apunta al uso de empresas fachada para mover recursos públicos, acusaciones que Gómez Mont ha rechazado. En septiembre se retiraron las alertas de Interpol contra la pareja, pero las órdenes de aprehensión mexicanas siguieron vigentes; ahora queda pendiente su presentación ante la justicia y que se determine su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
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