El mapa político del Estado de México tiene una característica singular: parece estable. Desde hace más de dos décadas no se ha creado un nuevo municipio. La última modificación ocurrió en 2003, cuando nació Santa María Tonanitla. Desde entonces el estado permanece dividido en 125 municipios, una cifra considerable aunque muy distante de la fragmentación territorial de entidades como Oaxaca, que cuenta con 570.
Esa estabilidad cartográfica, sin embargo, es engañosa. Bajo la superficie administrativa del estado más poblado del país persiste una pulsión recurrente: comunidades que consideran insuficiente la atención de sus cabeceras municipales y que imaginan en la creación de un nuevo municipio la solución a sus carencias.
La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios volvió a abrir ese expediente recientemente. Citó para el 14 de abril a representantes de Atzingo (Ocuilan), San Francisco Tlalcilalcalpan (Almoloya de Juárez), San Pablo de las Salinas (Tultitlán) y Santa Catarina Ayotzingo (Chalco) para exponer sus razones. La propia comisión aclaró, con esa frialdad institucional que suele ocultar batallas políticas, que la audiencia no implica una resolución vinculatoria en esta etapa.
En paralelo, acordó iniciar procedimientos para estudiar otros proyectos: Santiago Yeché, un territorio compuesto por localidades de Temascalapa, Tecámac, Axapusco, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides; y Ciudad Lago, una franja urbana situada entre Nezahualcóyotl, Ecatepec y Texcoco.
El argumento es sencillo: cuando una comunidad se convierte en municipio obtiene presuppias y capacidad de decisión sobre obras y servicios. En teoría, la fragmentación administrativa del territorio acerca el gobierno a la población.
Pero la historia mexiquense sugiere que el fenómeno es más complejo.
El precedente de Valle de Chalco
El ejemplo más conocido es Valle de Chalco Solidaridad, creado en noviembre de 1994, durante el gobierno estatal de Emilio Chuayffet y en el tramo final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El nombre mismo del municipio condensaba una época: Solidaridad no era solo un programa social, era una estética del Estado, una forma de decir “aquí llegamos” en un territorio donde el Estado había llegado tarde. La creación del municipio quedó formalizada en decretos publicados en la Gaceta estatal.
El territorio que dio origen al municipio había crecido durante años como un mosaico de colonias populares levantadas sobre antiguos terrenos lacustres. La municipalización prometía ordenar el crecimiento urbano, dotar de servicios públicos a cientos de miles de habitantes y construir una administración local capaz de atender las necesidades del lugar.
Treinta años después, el municipio existe, el ayuntamiento funciona y el aparato administrativo opera con normalidad. Pero el punto no es si el edificio municipal tiene oficinas. El punto es si la municipalización cambió la vida o solo cambió el organigrama.
La creación del municipio no resolvió el problema que le dio origen.
Lo reorganizó.
Y ese matiz importa: a veces la política ofrece soluciones territoriales para problemas que son, en el fondo, sociales, económicos y metropolitanos.
Tonanitla, 2003: el mapa también se defiende
El último municipio creado en el estado fue Tonanitla, desprendido de Jaltenco, en 2003. La Gaceta estatal recoge el proceso institucional, incluyendo la designación de un ayuntamiento provisional.
Tonanitla sirve como recordatorio de algo incómodo: crear un municipio no es un acto romántico de justicia territorial. Es un acto administrativo con consecuencias políticas: reparto de participaciones, creación de aparato público, definición de límites y, sobre todo, una pregunta de poder: ¿quién administra el nuevo presupuesto?
El mapa detenido
Desde 2003 el mapa mexiquense permanece sin cambios, pese a que en diferentes momentos diversas comunidades han solicitado convertirse en demarcaciones autónomas.
La razón es evidente: crear un municipio no es solo una decisión administrativa. Es una decisión política.
Cada municipio nuevo implica:
- un ayuntamiento
- un cabildo
- una estructura administrativa
- un presupuesto anual
- y, en términos electorales, una nueva plaza política.
El territorio no solo se divide: también se redistribuye el poder.
Tres geografías del municipalismo
(y una pregunta de fondo: ¿gobernar mejor o mandar más?)
Las comunidades que hoy buscan convertirse en municipios pertenecen, en general, a tres tipos de territorio.
1) La región indígena o rural (la distancia).
En comunidades como Santiago Yeché o Atzingo, el argumento central es que la cabecera municipal está lejos y la atención llega tarde, si llega.
2) La periferia urbana densa (la masa).
En lugares como San Pablo de las Salinas, la demanda se apoya en la idea de que hay población suficiente, problemas suficientes y contribuciones suficientes para sostener gobierno propio.
3) El territorio en aceleración (el suelo).
En proyectos como Teacalco o Ciudad Lago, la municipalización trae una llave adicional: control de licencias, uso de suelo, planeación y obras. En el Estado de México, donde el suelo urbano y periurbano es poder, esto no es un detalle: es el centro del asunto.
En otras palabras, no se trata únicamente de identidad territorial. También se trata de administrar el crecimiento y los recursos.
Los casos, uno por uno
y el dato que siempre altera la conversación: ¿qué partido gobierna hoy?
La municipalización también reacomoda fuerzas partidistas. Y no de manera abstracta: mueve presidencias, cabildos, nóminas y “plazas” electorales.
1) Atzingo (Ocuilan)
Ocuilan hoy es gobernado por Juan Gordillo Abundis de Movimiento Ciudadano.
Si Atzingo se volviera municipio, Ocuilan perdería territorio y, potencialmente, base social y recaudatoria. El discurso comunitario puede ser legítimo, pero la política municipal rara vez es solo discurso: es control territorial.
2) San Francisco Tlalcilalcalpan (Almoloya de Juárez)
Almoloya de Juárez hoy es gobernado por Adolfo Jonathan Solís Gómez del PVEM.
Un municipio nuevo aquí significaría cortar una porción del mapa de un ayuntamiento recién reconfigurado políticamente. La pregunta no es solo “¿quieren?”: es “¿quién gana si lo logran?”
3) San Pablo de las Salinas (Tultitlán)
Tultitlán es gobernado por Ana María Castro Fernández de Morena.
San Pablo no es una comunidad pequeña pidiendo agua. Es una zona con peso demográfico y urbano. Convertirla en municipio sería crear una administración nueva en un corredor metropolitano donde los problemas (movilidad, seguridad, agua) no obedecen fronteras municipales. Es decir: puedes partir el mapa, pero el tráfico no se parte.
4) Santa Catarina Ayotzingo (Chalco)
Chalco es gobernado por Abigail Sánchez Martínez de Morena.
La creación de un municipio en un oriente presionado por crecimiento y servicios no solo crea cercanía. También crea decisiones sobre obra pública y expansión urbana. Y ahí el municipalismo se vuelve urbanismo… y el urbanismo, negocio o desastre, según quién firme.
5) Santiago Yeché (Jocotitlán)
Jocotitlán es gobernado por Leilani Aylin López González de Morena.
Aquí el municipalismo suele presentarse como justicia territorial. La dialéctica es simple: la comunidad pide autonomía para resolver rezagos; el municipio teme perder control y recursos. La verdad suele estar en medio: la autonomía puede mejorar gestión local, pero no crea milagros presupuestales.
6) Teacalco (Temascalapa–Tecámac–Axapusco–Teotihuacán–San Martín de las Pirámides)
Este es el caso más “geopolítico” porque implica varios municipios:
- Tecámac: Morena (Rosa Yolanda Wong Romero).
- Temascalapa: Morena (Alan Martínez Cervantes).
- Axapusco: PT (Melitón Cid García).
- Teotihuacán: PRI (Mario Paredes de la Torre).
- San Martín de las Pirámides: Morena (José Vicente Meneses Benítez).
Aquí la municipalización no solo parte un municipio: parte un tablero multipartidista. Por eso es difícil: porque cada pedazo que se va es territorio, y cada territorio es presupuesto, y cada presupuesto es poder.
7) Ciudad Lago (Nezahualcóyotl–Ecatepec–Texcoco)
Los tres municipios involucrados están gobernados por Morena:
- Nezahualcóyotl: Adolfo Cerqueda Rebollo.
- Ecatepec: Azucena Cisneros Coss.
- Texcoco: Nazario Gutiérrez Martínez.
Ciudad Lago es un proyecto urbano que, si prospera, crearía un nuevo municipio en una zona donde la gestión de servicios es metropolitana por definición. La dialéctica aquí es brutal: la comunidad puede ganar representación local; el sistema puede ganar otra burocracia; y la región puede seguir con los mismos problemas… solo que con más sellos oficiales para estamparlos.
La pedagogía dura del municipalismo
Tesis, antítesis, síntesis
Tesis (la promesa): municipio nuevo = gobierno más cerca = mejores servicios.
Antítesis (la experiencia): municipio nuevo = nuevo aparato = nuevo presupuesto = mismas carencias si no cambian las condiciones estructurales.
Síntesis (lo que habría que exigir): la municipalización solo tendría sentido si viene acompañada de condiciones verificables:
- viabilidad financiera real (no fe)
- capacidad institucional mínima (no improvisación)
- reglas claras de límites y patrimonio (no pleito interminable)
- plan urbano y de servicios (no “a ver qué sale”)
- mecanismos de participación local (no secuestro del proyecto por operadores)
El propio comunicado del Congreso deja un dato clave: la comisión habla de “motivaciones sociales e históricas” y, al mismo tiempo, advierte que la audiencia no es resolución.
Traducción: se escucha, pero el Estado sabe que aquí no se juega solo identidad. Se juega territorio.
El dilema persistente
La municipalización tiene una promesa seductora: acercar el poder a la comunidad. Pero también encierra un riesgo recurrente en la historia política mexicana: creer que la división administrativa del territorio puede resolver problemas que en realidad tienen raíces sociales y económicas más profundas.
Un municipio nuevo puede mejorar la gestión pública local. También puede reproducir las mismas dinámicas de desigualdad que ya existían, simplemente bajo un nuevo nombre.
Por ahora el Congreso mexiquense escucha. Las comunidades presentarán sus argumentos, los legisladores revisarán los expedientes y el proceso seguirá su curso institucional.
Mientras tanto, el mapa del Estado de México permanece intacto, aunque no del todo inmóvil. Bajo su aparente estabilidad late una vieja aspiración política: la idea de que, si el territorio se divide una vez más, quizá el gobierno quede un poco más cerca.
O quizá, simplemente, cambie de manos.
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