El procurador de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, autorizó facultades a 32 subalternos para requerir a las empresas de telefonía información sobre la ubicación de teléfonos celulares en tiempo real y rutas de sus mensajes con el pretexto de la persecución de un delito.
Anteriormente sólo 6 funcionarios de la dependencia podían solicitar a las empresas información sobre la geolocalización en tiempo real de aparatos, así como una amplia lista de datos sobre las comunicaciones de sus clientes que dichas empresas deben conservar.
El acuerdo fue publicado el pasado 13 de enero en el Diario Oficial de la Federación basándose en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que, desde julio de 2014, permite a distintas autoridades acceder a múltiples datos de comunicaciones celulares sin orden judicial previa.
De acuerdo con el diario Reforma, los funcionarios autorizados son, además del Procurador, cuatro subprocuradores, el coordinador de Investigación, los fiscales regionales y especializados, así como el jefe de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera.
Los datos que las telefónicas deben entregar incluyen todo menos contenido de comunicaciones: nombre y domicilio del suscriptor, tipos de comunicación, origen y destino, fecha, hora y duración, entre otros.
La ley dice que «las instancias de seguridad y procuración de justicia» pueden requerir estos datos, sin distinguir en qué tipo de investigaciones o por qué delitos.
Las facultades dadas a estos funcionarios no incluyen grabación de conversaciones ni acceso a contenidos específicos que solo pueden obtenerse por mandato judicial.
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