Dos días después de que los diputados aprobaran el Paquete Fiscal del 2020, y con ello la posibilidad de que el gobierno estatal contrate 6 mil millones de pesos de deuda, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, publicó las reformas a la Ley de Fiscalización –“Ley Miroslava”– que facilita la llegada de algún ex diputado o ex senador como auditor superior.
Sólo falta que dé el visto bueno a los cambios a la Ley del Poder Judicial para que la elección del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia, que se llevará a cabo posiblemente el 7 de enero, se haga por voto secreto de los magistrados y no de manera abierta, como lo establece la actual norma.
Con la entrada en vigor de los cambios a la Ley de Fiscalización, a partir de este 21 de diciembre, se permite la participación de la ex diputada federal, Miroslava Carrillo Martínez, una figura muy cercana al actual presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, al ex senador Higinio Martínez y al subsecretario Horacio Duarte.
Estos ajustes a la ley eliminaron la necesidad de que los ex representantes populares debieran esperar tres años para poder participar en la elección del Auditor Superior de la entidad, permite que cualquier militante político pueda llegar, siempre y cuando no sea dirigente de alguna fuerza política.
La ex diputada federal dejó el cargo el pasado 15 de diciembre, es abogada titulada, con doctorado en Derecho Constitucional, fue comisionada del Instituto de Transparencia de la entidad, consejera de la Comisión de Derechos Humanos, asesora en la Cámara de Diputados local, entre otros cargos, con lo cual cumple los requisitos legales.
Se espera que la convocatoria sea emitida el próximo mes de enero por la Comisión de Vigilancia del OSFEM. Su presidente, Tanech Sánchez Ángeles, informó que será abierta y podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil.
Entrevistarán por separado a los aspirantes e integrarán una terna a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que la someta a votación del pleno, donde se requiere el voto favorable de las dos terceras partes para ocupar el cargo durante los próximos ocho años.
Este plazo será vigente, a menos que antes se reforme nuevamente la ley y se hagan los últimos ajustes propuestos por la comisión para bajar el plazo a siete años y prohibir la reelección, además de evaluar cada año al nuevo titular y poderlo remover del cargo si incumple sus obligaciones.
NO HABRÁ CONTROVERSIA
El coordinador de la bancada del PAN, Anuar Azar Figueroa, anunció que ya no interpondrán una controversia constitucional en contra de este nombramiento porque no reúne los apoyos necesarios, dado que sólo los panistas están en esta misma línea y los demás partidos han aceptado los ajustes a la ley.
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