La educación escolar tiene en nuestra sociedad un estatus cuasi sagrado. Hoy en día, nadie tiene elementos para cuestionar que se construyan escuelas, que existan maestros, que los padres manden a sus pequeños a las aulas y que entre todos paguemos su costo. Es más, es una obligación legal. Tiene ese carácter, debido a que durante siglos le hemos venido asignando la nada sencilla responsabilidad de formar a quienes producirán la sociedad y los bienes del futuro.
Hubo una época en que el acceso a la escuela era solo para una minoría. Es más, durante muchos siglos las sociedades funcionaron sin escuela. Las nuevas generaciones aprendían en la comunidad, lo que les permitía sobrevivir y participar de su colectividad. Pero en la sociedad en la que hoy estamos es una institución muy importante. Y, en ese marco, las cosas que tienen lugar en la escuela son también acordes con los tiempos que vivimos.
La política que el Estado mexicano había tratado de impulsar en materia educativa durante las décadas recientes, se encaminaba claramente a potenciar “el capital humano”. Dicho en palabras llanas, se trataba de preparar gente para ser empleada en los procesos productivos. Tal orientación fue mucho más clara desde principios de los años noventa del siglo pasado. Desde entonces, la SEP estuvo asumiendo como propios los criterios que ciertos organismos internacionales, como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) o el Banco Mundial, establecen como ruta a seguir: el desarrollo de ciertas competencias que permitan a los estudiantes incorporarse al mercado laboral con posibilidades de ser competentes.
Hagamos un poco de historia: a mediados de los años noventa, en pleno salinismo, México decidió adherirse a la OCDE, organización que agrupa a países de Europa, América y Asia. La OCDE se presenta a sí misma como un organismo que mide “la productividad y los flujos globales del comercio e inversión”, además de fijar “estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas”. Y se sabe que el propósito de esa organización es orientar las políticas públicas de sus países miembros, con la promesa de conseguir que ellos tengan los resultados esperados de su participación en la economía global.
Entre los instrumentos para influir u orientar las políticas públicas en sus países miembros, la OCDE diseñó la prueba PISA (son las siglas de su nombre en inglés: Programme for International Student Assessment). En nuestro país, se ha aplicado dicha prueba desde hace ya bastantes años y nunca hemos “salido bien”. Recuerdo que en el sexenio pasado (y escribí sobre ello aquí hace ya siete años), siendo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño, dijo: en los últimos años “no hemos visto mejoras significativas” en el desempeño de los estudiantes mexicanos frente a dicha prueba. Pero enseguida sentenció: la SEP tiene “una agenda clara para transformar a educación”.
Declarar que la SEP va a transformar la educación y sabe en qué rumbo debe hacerlo es el tipo de respuestas que espera la OCDE. Se traduce en señalar que vamos a hacer lo que dicho organismo nos sugiere en materia educativa. Y es que se publican los resultados de la prueba PISA esperando ver la reacción de las autoridades educativas de cada país. Cuando se dice “se ha retrocedido” está llamándose la atención sobre el hecho de que, de acuerdo a los criterios de la OCDE, no se está formando el tipo de personas que requiere la era del capitalismo globalizado.
Lectura, Matemáticas y Ciencias es lo que mide la prueba PISA y, una vez más, este año, los resultados publicados pretenden señalar que el sistema educativo mexicano no es apto para capacitar a sus estudiantes en las “competencias” de esos ámbitos. Desde luego, eso no quiere decir que los chicos evaluados sean tontos, retrasados, incapaces o algo por el estilo; significa que la OCDE les ve menos posibilidades de “encajar” en el sistema-mundo actual. Lo que estos resultados de la prueba PISA revelan es que esos estudiantes, en lo general, no pueden incorporarse a la vida productiva de manera funcional, que no se les podrá emplear de manera armoniosa en las estructuras productivas e institucionales, extrayendo de ellos el mayor rendimiento.
Lo interesante ahora es que la respuesta del Gobierno mexicano no ha sido en el mismo sentido de como lo venía siendo en el pasado. No se salió a declarar que vamos a ajustar la escuela para cumplir con los estándares de la OCDE. Esto es algo muy trascendente. Implica una definición abierta de avanzar en un sentido distinto al que marca ese organismo al que pertenecemos como país desde hace casi treinta años. Es más, se aplica la prueba PISA a nuestros estudiantes porque es una obligación contraída cuando se publicó el decreto anunciando nuestra incorporación a la OCDE.
Cuando, en el pasado, salían los resultados de la multirreferida prueba, el gobierno de inmediato se lamentaba por el mal desempeño, pero se comprometía a hacer lo necesario para alinearse a los estándares que se nos fijaban como horizonte de futuro. Evidentemente, nunca hemos logrado estar “a la altura” de lo que se nos pide desde allá. Pero ahora, este año, no vino una inmediata promesa de la SEP de ajustar, de rehacer, de recomponer el modelo educativo. Entonces, la pregunta es si estamos definitivamente apartándonos del modelo OCDE y si la nueva escuela mexicana va a sostener su modelo.
Dicho modelo —recordemos— ubica a la comunidad como el centro del proceso educativo, pretendiendo trascender de esa manera el individualismo característico de los modelos orientados a la competencia (de inspiración neoliberal). También hay una apuesta por recuperar la historia y tradiciones de los pueblos originarios, alentar la perspectiva crítica, no fragmentar el conocimiento (a través de las asignaturas) y no tener como objetivo los estándares y competencias que suele sugerir la OCDE, sino los aprendizajes para la vida, incluyendo incluso la dimensión espiritual desde una visión laica. El instrumento principal para propiciar el aprendizaje es el diálogo.
El rol del docente en este nuevo modelo es el de guía comunitario. Se busca (se ha dicho) que los niños egresen con una “identidad étnica y nacional”, con una perspectiva de “cultura de paz”, reconociendo y valorando “la diversidad del país”, actuando “con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley” y que utilicen el pensamiento crítico como “base para la toma de decisiones libre, consciente y responsable”, que en todo momento tomen en cuenta sus derechos, la alimentación saludable, la actividad física, la salud sexual y reproductiva, como parte de un proyecto de vida, libre de adiciones y violencia.
El próximo año, en el marco del relevo en la Presidencia de la República, esto deberá quedar más claro: nos vamos a separar de la ruta de la OCDE en materia educativa o nos volveremos a alinear.