Siete órdenes de aprehensión, ocho detenidos y 63 negocios asegurados durante la “Operación Liberación”.
Una red criminal ligada a La Nueva Familia Michoacana fue desarticulada en el Estado de México. La banda operaba secuestros exprés con fines de extorsión, controlaba negocios, minas y hasta el flujo de paquetería en la región sur del estado.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión en 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Esta acción forma parte de la “Operación Liberación”, una estrategia interinstitucional para desmantelar células delictivas en el sur mexiquense.
Un entramado criminal disfrazado de red comercial
El pasado 21 de julio, autoridades federales y estatales intervinieron 63 establecimientos ligados a actividades delictivas. La investigación reveló que el crimen organizado había infiltrado pollerías, tortillerías, carnicerías y casas de materiales, donde imponían precios y controlaban distribución.
La estructura operaba como una verdadera empresa: al menos ocho personas cumplían funciones de gerencia, logística, promoción y ventas.
Entre los detenidos figuran:
- Ali “N”
- Gonzalo “N”
- Alicia “N” (registrada dos veces)
- Jorge “N”
- José Fernando “N”
- Antonio “N”
- Bernardo Alejandro “N”
Controlaban negocios fachada como Casa de Materiales JIMEX y el sindicato “Bradosva”, responsables de comercializar arena, grava y varilla en Valle de Bravo y municipios cercanos.
Cemento y carne asegurados serán entregados a comunidades
El fiscal José Luis Cervantes confirmó que 8 de 26 solicitudes judiciales ya fueron autorizadas para disponer anticipadamente de bienes incautados.
Entre los productos asegurados destacan carne, pollo, huevo, forraje, cemento y varilla, que serán distribuidos por la Secretaría de Bienestar del Edomex a comunidades afectadas por la extorsión.
Parte del material también será utilizado en obras públicas con impacto social, en un mecanismo inédito en la entidad.
Minas de materiales
Durante el operativo, las autoridades aseguraron 6 minas de arena, grava y tepetate que eran explotadas por el grupo criminal. Además de extraer, también fijaban precios y rutas de distribución en toda la región sur del Edomex.
Paquetería
Asimismo, La Nueva Familia Michoacana cobraba una cuota por cada paquete que ingresaba a municipios del sur.
Antes de llegar al destinatario, los criminales se comunicaban para exigir el pago. Si no lo hacían, el paquete no se entregaba.
Miles de familias, comercios y emprendedores eran víctimas silenciosas de esta red de extorsión, que controlaba no solo el comercio, sino también la vida cotidiana en la zona.
Así operaban extorsionadores en venta de material de construcción
Autoridades dieron a conocer el modus operandi de grupos dedicados a la extorsión en la venta y distribución de material de construcción a sobrecosto.
Una lista de precios establecía las zonas de reparto en Valle de Bravo, con precios “autorizados” por un sindicato, lo que generaba ganancias de hasta 400% por encima del valor real.
El esquema exigía el pago de 50 pesos por un vale, necesario para recoger el material. En la mina asignada se cobraban entre 200 y 400 pesos adicionales, y se registraban las placas del vehículo.
Finalmente, el material era retirado en camionetas particulares, completando así la cadena de extorsión.
Contexto
Por años, la Nueva Familia Michoacana ha consolidado una red de control territorial en el sur del Estado de México. Lo ha hecho no solo a través del tráfico de drogas, sino mediante el cobro de cuotas, la extorsión y la apropiación de actividades económicas esenciales como el comercio de pollo, huevo, maíz, tortillas, materiales de construcción, minas e, incluso, la venta de ropa de paca. Esta estructura no surgió de la noche a la mañana, ni operó en el vacío: se expandió con la complicidad o indiferencia de autoridades locales y estatales, así como con el abandono institucional.
En este contexto se inscribe la reciente Operación Liberación, una intervención conjunta de fuerzas estatales y federales con el objetivo de desarticular los flujos financieros y logísticos de esta organización criminal. Las acciones se concentraron en municipios como Ixtapan de la Sal, Temascaltepec, Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya y Valle de Bravo, donde se reportaron bloqueos carreteros como reacción al despliegue de seguridad.
El golpe no es menor: se trata del intento más sistemático en años por debilitar a un grupo que ha sido calificado como organización terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, tampoco es un hecho aislado. Forma parte de una serie de operativos que, desde marzo de 2025, comenzaron a reconfigurar el mapa de poder en esta zona históricamente controlada por el crimen.
Más información: Operación Liberación contra el crimen organizado desata bloqueos en el sur del Edomex
Una economía bajo control criminal
La expansión del grupo no se explica solo por el narcotráfico. Desde hace años, la organización ha ejercido control sobre actividades económicas cotidianas. Comerciantes de pollo, huevo, maíz y tortillas pagan cuotas ilegales que van de los 2 a los 5 pesos por kilo, según su tipo de venta. En municipios como Tejupilco o Valle de Bravo, el precio del pollo ha alcanzado los 200 pesos por kilo, de acuerdo con reportes de la periodista Lourdes Mendoza. El incremento no es atribuible a la inflación, sino al “derecho de piso” que impone el crimen.
Además, se ha documentado el dominio sobre tortillerías y casas de materiales, bajo la coordinación de operadores como Artemio Martínez, alias “Mala” o “Mencho”, subordinado de los hermanos Hurtado Olascoaga. Según un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en 2024, solo en la región de Tenango del Valle, Villa Guerrero, Malinalco y Tenancingo, las ganancias mensuales por extorsión en ese rubro superan los 4 millones de pesos.
Del Edomex a Estados Unidos: los tentáculos de la organización
Las operaciones de la Nueva Familia Michoacana han cruzado fronteras. La DEA estima que el grupo trafica anualmente más de 36 toneladas de metanfetamina, 12 de heroína y 12 de cocaína desde México hacia Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro ha sancionado a varios miembros de la familia Hurtado Olascoaga por lavado de dinero a través de la venta de ropa usada y extracción ilegal de minerales como uranio y mercurio.
Este último negocio, vinculado a operaciones mineras en el sur del Estado de México, muestra una dimensión aún más compleja: la colusión entre crimen, economía extractiva y política local. Según investigaciones periodísticas y judiciales, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en la gubernatura del Edomex (2005–2011), se abrieron las puertas al grupo mediante pactos con empresarios y autoridades judiciales. En particular, se ha señalado a José Manzur Ocaña, exdelegado de la PGR, por presuntos acuerdos con cárteles a cambio de sobornos.
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Golpe a la infraestructura financiera y territorial
En marzo pasado, la llamada Operación Bastión permitió asegurar 21 inmuebles utilizados para actividades ilícitas en seis municipios. Ranchos, fincas, casas de seguridad y puntos de vigilancia fueron intervenidos en Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. En varios de estos sitios, se localizaron lujos impensables para la población local: piscinas, canchas de tenis, obras de arte, animales exóticos y sistemas de riego en zonas áridas. Las propiedades estaban a nombre de prestanombres y operaban con protección de autoridades municipales.
Este golpe a la infraestructura del grupo criminal fue el resultado de labores de inteligencia coordinadas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal. Es decir, no se trata de reacciones aisladas ante hechos violentos, sino de un intento articulado por desmantelar la red de poder de la Nueva Familia Michoacana.
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El crimen institucionalizado
“El grupo encontró aliados en todos los niveles: gobiernos municipales, empresarios de la minería e incluso militares del 102 Batallón de Infantería”, afirma David Saucedo, consultor en seguridad y crimen organizado. Para el especialista, el poder del grupo no puede explicarse sin esta red de protección institucional.
El control territorial de la organización se ha mantenido durante años con alternancia de partidos en el poder local. En municipios como Tejupilco, Sultepec, Luvianos o Tlatlaya, la Nueva Familia Michoacana ha convivido con gobiernos del PRI, PRD, PAN, PVEM y recientemente, del PT y Morena. En Texcaltitlán, por ejemplo, ocurrió la masacre de diciembre de 2023, donde 14 personas murieron tras enfrentarse a extorsionadores del grupo.
Más detalles en: El narco se afianzó en el sur del Edomex bajo gobiernos del PRI y PRD
La violencia como respuesta al repliegue
El despliegue de las fuerzas de seguridad ha tenido efectos inmediatos. La reacción de los grupos criminales se ha traducido en bloqueos, amenazas y resistencia armada. No es casual: la Operación Liberación busca cortar el flujo económico que sostiene al grupo, y eso incluye el control del comercio, la tala, la minería y el transporte.
A diferencia de otras estrategias reactivas, el actual operativo se inscribe en un patrón de debilitamiento progresivo. Las detenciones, aseguramientos y cateos indican una ofensiva sin precedente reciente. Pero el desafío es mayúsculo: revertir años de abandono institucional, redes de complicidad y estructuras criminales profundamente arraigadas en el tejido económico y social del sur mexiquense.
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