El retorno del PRI al poder en 2012 bajo Enrique Peña Nieto prometió un cambio, presentando caras nuevas y tecnócratas. Sin embargo, la Operación Safiro reveló un entramado de corrupción arraigado en el sistema político.
A pesar de los esfuerzos de López Obrador por combatir la corrupción, la recuperación de fondos y la rendición de cuentas han sido limitadas, lo que ha generado desilusión en la sociedad mexicana. La persistencia de la impunidad refuerza la percepción de la influencia duradera del PRI, desafiando los intentos de erradicar la corrupción arraigada en la política del país.
El saqueo de México
El escándalo de la Operación Safiro reveló una trama compleja de desvío de fondos y lavado de dinero, abarcando varios Estados controlados por el PRI durante las elecciones intermedias de 2015 y 2016. Bajo la dirección de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI, los fondos fueron desviados a empresas ficticias, revelando la magnitud del esquema corrupto.
El desvío de 275 millones de pesos a Chihuahua fue el epicentro de la trama, canalizados a través de una red intricada de compañías y testaferros. La investigación reveló la complicidad de funcionarios y la extensión del esquema a otros estados, totalizando al menos 551 millones de pesos desviados.
Estos acontecimientos subrayan la necesidad urgente de una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema político y administrativo mexicano para prevenir la repetición de actos de corrupción perjudiciales para la sociedad.
La réplica
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo una minuciosa investigación sobre el financiamiento de campañas electorales, revelando descubrimientos significativos que implican a varios miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la trama de la Operación Safiro. Se encontró que varios afiliados del partido estuvieron involucrados en el esquema delictivo, desempeñando roles de testaferros o representantes legales de las empresas ficticias utilizadas para lavar dinero. Además, se descubrió que otros individuos facilitaron la conversión de cheques en efectivo, facilitando así el flujo ilegal de fondos.
Las investigaciones del INE también revelaron que Crec Desarrollos, una empresa en la que La Coneja [Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, miembro del PRI] tenía participación accionaria, recibió depósitos de la dirección del PRI a través de una compleja triangulación con otra empresa. Estos hallazgos respaldan la creciente evidencia de la participación directa de la estructura política del PRI en las actividades de desvío y blanqueo de capitales relacionados con la Operación Safiro.
Cuando los medios revelaron la existencia de este mecanismo de corrupción en diciembre de 2017, tanto Manlio Fabio Beltrones como Luis Videgaray negaron su implicación en actividades ilícitas. Mientras tanto, el exgobernador César Duarte había huido a los Estados Unidos meses antes. A pesar de estos desarrollos, solo un pequeño grupo de exfuncionarios de nivel medio en Chihuahua, junto con testaferros de menor importancia, fueron detenidos en relación con el caso, resaltando la persistente lucha por llevar a los responsables principales ante la justicia.
Isaac Gamboa, exfuncionario vinculado al escándalo de la Operación Safiro, fue asesinado junto con su familia. Las investigaciones sugieren que acumuló una gran fortuna a través de su presunta participación en esquemas de desvío de fondos, lo que suscita sospechas sobre su papel en facilitar la desviación de fondos con fines políticos.
La viuda negra
El caso de Isaac Gamboa puso de manifiesto la notable influencia del peñismo para encubrir el fraude. La Secretaría de Hacienda federal presionó a Chihuahua para excluir a Gamboa de la investigación, incluso amenazando con cortar los fondos federales. A pesar de la resistencia del exgobernador Corral, el Gobierno federal logró trasladar la investigación a manos de la Federación, empleando su influencia en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. La estrategia del peñismo apuntaba a investigarse y juzgarse a sí mismo, asegurando la impunidad de los implicados.
La FGR argumentó que los fondos en cuestión eran de origen federal, no estatal, lo que llevó al traslado de la investigación. Las acusaciones contra La Coneja fueron retiradas y el caso se estancó. El Gobierno de Chihuahua luchó en vano por revivir la investigación, presentando un amparo que buscaba reconocerlo como víctima del desvío millonario. Sin embargo, el peñismo no se quedó de brazos cruzados y buscó proteger a Peña Nieto y su gabinete mediante un recurso presentado ante la Suprema Corte.
Las sospechas de un acuerdo de impunidad se reforzaron con una fotografía que capturó a prominentes figuras políticas en la boda de la hija del abogado Juan Collado, conocido por su defensa de destacados priistas y por representar a La Coneja. Esta imagen planteó interrogantes sobre los límites de la separación de poderes. A pesar de los esfuerzos de Corral y su equipo, la reciente resolución de la Suprema Corte negó el carácter de víctima al Gobierno de Chihuahua, marcando un punto de inflexión en la larga batalla por la justicia en el caso de la Operación Safiro.
¿Sentencia?
Bajo la protección del peñismo, La Coneja solo cumplió una sentencia en Chihuahua por los fondos ingresados a su empresa Jet Combustibles. En la actualidad, se encuentra en libertad sin deudas pendientes con la justicia. La mayoría de los exfuncionarios medios involucrados en el esquema de desvío han cumplido sus condenas. Trágicamente, uno de los principales actores del duartismo, Antonio Tarín, falleció en abril pasado, aparentemente por suicidio, según las autoridades estatales.
Por su parte, el exgobernador Duarte fue detenido y extraditado de los Estados Unidos en 2022, enfrentando procesos judiciales en Chihuahua por otros actos de corrupción no relacionados con la Operación Safiro. El nuevo Gobierno estatal, liderado por María Eugenia Maru Campos del PAN, ha asumido una defensa proactiva de Duarte. La Fiscalía de Maru ha acusado al fiscal encargado de la investigación de torturar psicológicamente a los acusados para obtener confesiones que implicaran al exgobernador. La estrategia legal de Duarte se basa en argumentos de salud para llevar su proceso en libertad, y no hay indicios de que no pueda lograrlo.
De acuerdo con El País, desde que la Fiscalía de Corral inició la investigación de la Operación Safiro hace siete años, las esperanzas de exponer a los grandes responsables de la corrupción en México se han desvanecido. La obstrucción del Gobierno peñista a la investigación provocó su colapso, junto con la colaboración generalizada de funcionarios de diversos partidos y sectores institucionales, desde empleados de bajo rango hasta jueces prominentes.
A pesar de documentar la vinculación entre la estructura priista y la red de lavado de dinero, el INE decidió no sancionar al partido, ya que no había certeza de que los recursos desviados realmente beneficiaran al PRI. Esta decisión fue validada por el Tribunal Electoral, sin protestas de ningún partido aparte de Morena. El PAN y el PRD, que anteriormente habían denunciado los desvíos en Chihuahua, permanecieron en silencio, al ser aliados electorales del PRI. La Suprema Corte, por último, puso el último clavo en el ataúd, demostrando que el ethos priista descrito por Castillo Peraza sigue vivo y activo.