Conseguir “un hueso” es la aspiración de muchos mexicanos. Se trata de una expresión propia de la picaresca política, que alude a hacerse de un cargo público, bien remunerado, donde además se pueda ejercer algún poder. Para lograr tal cosa, es evidente que se requiere tener quien “nos dé” el “hueso”. Esto implica una subordinación a alguien con más poder, tanto que pueda repartir, a cambio de estructurar relaciones que le permitan obtener más provecho (económico y político).
El origen de esta expresión, presumiblemente, es un aforismo porfirista: “Perro con hueso en el hocico, ni ladra ni muerde”. Su empleo estaba relacionado con las personas que, a cambio de callar o abstenerse de hacer política contra el gobernante, recibían un cargo público: un “hueso”. Quien podía repartir “huesos” requería tener una posición encumbrada. El general Porfirio Díaz, autor de la frase, alcanzó tal concentración de poder en el país, que podía repartir lo que se le viniera en gana, incluidos muchos “huesos” en el gobierno.
La labor política tiene una gran dosis de tejeduría: urdir relaciones de gratitud, complicidad o lealtad es lo que sostiene a un político. Sin este tipo de relaciones, cualquier liderazgo es endeble. En consecuencia, gran parte de la fortaleza de un político reside en “repartir”. Si se está en una posición de gobierno, se pueden repartir “huesos” y, a cambio, se aglutinan lealtades. Lo perdurable de esas lealtades es lo que puede sostener a ese mismo político en los momentos en los que no está en un cargo.
Los aparatos de gobierno se han ensanchado tanto con el paso del tiempo que los “huesos” por repartir con muchísimos. Desde un alcalde, hasta un presidente de la República, quien se hace de un cargo público encumbrado, tiene mucho por repartir. Eso se traduce en que no llega una persona (la que elegimos los votantes), sino que llega todo un grupo. Los leales al político recibirán su “hueso”, los leales a los leales al político podrían recibir su “huesito” y así se forman grandes tejidos políticos.
Nunca un político va a renunciar a esta labor, porque es parte de su esencia. Quien hace política con la intención de tomar el control del gobierno sabe que lograrlo pasa por entablar relaciones de compromiso con mucha gente, incluyendo un buen número de a quien se le promete “colocarlo en el equipo de trabajo”. Pero, además, contar con cargos por repartir es un capital que el político tiene para cambiar con sus opositores o con voces críticas. Si un opositor acepta un “hueso” va a callar (o, en el dicho porfirista, “ya no ladrará”).
De un tiempo a la fecha, en México se crearon muchos organismos “autónomos” que ampliaron la cartera de cargos a repartir. Esos organismos autónomos, que en teoría no son parte del gobierno, sí fueron poblados por gente que, viniendo del activismo, de la oposición, de la academia, y teniendo voces críticas para el gobierno, terminaron “recibiendo un hueso”. Se trató de cargos con muy buenos sueldos, con vitrinas para lucirse, con aparato para operar.
Las instituciones a las que me refiero son del tipo de los Institutos de Transparencia, de Evaluación de las políticas sociales, de regulación de los mercados, etc. Su carácter de independientes y/o autónomos le permitía a quienes los encabezan “presumir” su separación con el gobierno. Sin embargo, los procesos para llegar a esos cargos invariablemente pasaban por el hecho de ser propuestos por el gobernante en turno y ratificados por los políticos en turno en el Congreso de la Unión.
Bueno, pues la semana pasada, una iniciativa presidencial para desaparecer esos organismos autónomos fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados federal y podría derivar en la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y órganos autónomos de los estados.
Falta que el dictamen pase al pleno, se discuta, se apruebe y continúe con el proceso legislativo y jurídico que derive en la desaparición real de todos estos organismos, pero el primer paso se ha dado. Ahora será más chico el número de “huesos” a repartir, así que es altamente probable que se multipliquen las voces “críticas” y las oposiciones al gobierno de la República.
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