Un juez ordenó al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz, abstenerse de hacer manifestaciones públicas o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de Rosario Robles.
El impartidor de justicia ordenó que el fiscal “tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”.
En agosto del año pasado, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero explicó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibía un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, porque el primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.
“Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está acudiendo”, indicó.
“En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, por favor, es decir la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”, dijo Gertz Manero en aquella ocasión.
La defensa legal de la ex secretaría de Estado, presentó en un disco compacto el video que comprueba las declaraciones del titular de la FGR cuando acudió a El Colegio de México, por ello en mayo de este año se interpuso la demanda de garantías ante el juzgado decimoquinto de distrito de amparo quien lo aceptó a trámite, pero después declinó competencia y turnó el caso al juzgado tercero.
En la actualidad, Rosario Robles permanece privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión.
Con información de La Jornada y el Financiero