El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregue una versión pública de las consignaciones hechas por el caso Tlatlaya, donde se involucra a elementos del Ejército Mexicano en la muerte de 22 personas, en un presunto enfrentamiento.
De acuerdo con información de La Jornada, en la resolución de tres diferentes recursos de revisión, todos vinculados, los comisionados del Ifai expresaron su preocupación por las “inconsistencias” encontradas en las respuestas dadas por la PGR tanto a los particulares como al propio Ifai, en solicitudes de información, debido a que primero alegó su clasificación como reservada, bajo el argumento de que se trataba de una averiguación en trámite, pero posteriormente justificó su inexistencia, alegando que ya había consignado el expediente al juez. En ambas respuestas, las fechas son contradictorias.
En los recursos, presentados dos por el comisionado Oscar Guerra, y uno más por la comisionada Areli Cano, los ciudadanos habían solicitado a la PGR copias de las averiguaciones previas iniciadas por el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014.
En la sesión pública, el pleno del Ifai aprobó por unanimidad modificar las respuestas de las PGR para que las declare inexistentes en virtud de que los expedientes ya fueron consignados a un juez, pero ordenó que entregue las versiones públicas de las consignaciones.
Además, el comisionado ponente Oscar Guerra señaló que el Ifai observó negligencia por parte de la PGR para entregar información pública de interés nacional al tratarse de asuntos sobre violaciones graves de los derechos humanos, y solicitó al Órgano de Control Interno de la Procuraduría resuelva sobre las omisiones que impidieron transparentar la información solicitada.
En este sentido, el comisionado Francisco Javier Acuña, criticó severamente la actuación de la PGR por falsear sus respuestas. Dijo que en este caso existe una “impotencia institucional” por parte del Ifai, pues dar vista al Órgano de Control Interno de la procuraduría por esta falta es una decisión verdaderamente inofensiva.
Por ello, aludió a la urgencia de que el Senado apruebe una Ley General de Transparencia de vanguardia.
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