Autoridades judiciales desalojaron las oficinas del Partido del Trabajo (PT) en Toluca, donde funcionaba un módulo de atención ciudadana. La diligencia se realizó en cumplimiento de una resolución emitida semanas atrás por un juzgado civil, que falló a favor de un particular.
¿Cómo ocurrió?
El operativo se realizó en el inmueble ubicado entre las calles José María Morelos y C. C. Gutiérrez, en la colonia La Merced. Personal judicial retiró mobiliario, archivos, computadoras y material partidista, los cuales fueron colocados sobre la vía pública.
El PT había sido notificado del proceso desde marzo de 2025. Desde el 18 de septiembre del mismo año, existía una orden formal para desocupar el inmueble, luego de que un particular obtuviera un fallo judicial favorable.
Aunque el litigio se relaciona con un presunto adeudo de renta, el inmueble mantuvo durante años una disputa interna entre grupos del propio partido, lo que prolongó el proceso legal.
Postura del PT
La diputada local y militante del PT, Ana Yurixi Leyva, afirmó a AD Noticias que el inmueble ha sido ocupado por la militancia petista por un periodo prolongado.
Aseguró que existen documentos que acreditan su uso incluso antes de su incorporación formal al partido, cuando aún militaba en el PRD.
También refirió que fueron los militantes quienes cooperaron económicamente para adquirir la propiedad.
Por su parte, el diputado Óscar González Yáñez, coordinador de la bancada del PT en el Congreso local, sostuvo que el inmueble pertenece al partido.
Señaló a Carlos Sánchez Sánchez, exmilitante petista y exsecretario del Ayuntamiento de Toluca durante la administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de reclamar la propiedad del predio.
Además, calificó el acto como un abuso de confianza, al afirmar que la militancia permitió que el inmueble fuera registrado a su nombre.
Carlos Sánchez Sánchez actualmente milita en Morena.
Consecuencias
El desalojo dejó al PT sin oficinas en ese punto de Toluca y obligó a suspender la atención ciudadana. De acuerdo con los diputados locales, el caso quedará en manos del apoderado legal del partido a nivel nacional. Este definirá las acciones jurídicas para intentar recuperar la sede.
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