Aunque se dio a conocer hace unos días, a finales de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió su segunda Recomendación al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Jorge Olvera García. En esta ocasión se le recomendó con motivo del violento desalojo que tuvo lugar en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Ecatepec, en septiembre del presente año.
La Recomendación es la número 23/2020 y va dirigida conjuntamente al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez. A ambas instituciones se les encuentra responsables –dice el documento– de violaciones a los derechos de libertad de reunión, en relación con la libertad de protesta social y pacífica, así como de trato digno e integridad personal, en agravio de varias activistas.
El documento señala, en términos generales, que el grupo de mujeres (acompañadas de menores de edad) que tomaron las instalaciones de la CODHEM en el municipio de Ecatepec el pasado 10 de septiembre realizaban un “acto de protesta social”, mismo que buscaba el ejercicio de “un medio legítimo de presión hacia la autoridad”. Y advierte que la respuesta de la FGJEM fue un desalojo ilegal, violento, desproporcionado, el cual fue permitido por la actitud omisa de la CODHEM por “abandonar a las y los manifestantes que se encontraban en el interior de sus propias instalaciones”; y a sus visitadores se les puede señalar –concluye- por no haber actuado “como garantes de los derechos a su libertad de reunión y manifestación pacífica”.
Tal como lo comentamos en este mismo espacio unos días después del desalojo, había elementos suficientes para suponer que fue la propia CODHEM la que dio aviso a la FGJEM de la toma de sus instalaciones y, en lugar de dialogar con ellos para acordar, dejó el asunto en manos de la Fiscalía. Días después de los hechos el propio Olvera declaró cuál fue el análisis que hicieron de la situación: “había niños y eso es lo que a la Comisión de Derechos Humanos nos inquietaba y la Fiscalía coincidió. Entonces, el tema era que ellos las invitaran a salir, a desocupar el inmueble”.
La Recomendación que emite la CNDH corrobora que ocurrió así y, respecto de la actuación de Olvera y su personal en esta caso, señala: “si bien no se cuenta con evidencia de haber ordenado su desalojo, debieron permanecer atentos a cualquier eventualidad, máxime que los acontecimientos se daban en sus propias instalaciones”. Pero lo que hicieron fue retirarse del lugar, “dejándolas vulnerables” y limitarse a emitir un Twit (varias horas después del desalojo violento) que decía: “solicitamos a la @FiscaliaEdoMex las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres detenidas en #Ecatepec durante la madrugada, exigimos su protección y liberación inmediata”. La petición formal para solicitar que se garantizaran los derechos de las personas desalojadas lo presentó a la FGJEM casi una semana después de la toma, según la investigación de la CNDH.
En este mismo espacio se publicó el día 20 de septiembre este razonamiento en relación con Olvera y su personal: “No puede sostenerse que ellos hayan ordenado el desalojo, pues carecen de facultades para ello, pero sí se puede asegurar que fue el ombudsman mexiquense el que presumió la comisión de delitos (habló de flagrancia) y acusó la presencia de los menores, pero dejó el asunto en manos de la Fiscalía. Justo aquí es en donde reside el problema (y la responsabilidad que le toca): dada la actitud de las activistas (de no dialogar con la autoridad), era impensable que pudieran acceder si el Ministerio Público o la policía les pedían salir del inmueble. Dejar el asunto en manos de la autoridad encargada de perseguir los delitos era la mejor manera de conseguir que las cosas salieran de control, pues la intención de las activistas era tener posesión del inmueble para, con ello, hacerse visibles, hacer públicas sus demandas y tener una moneda de cambio para la negociación”.
Esta es la segunda Recomendación que recibe Olvera Garcia durante su gestión
Así fueron las cosas, según confirma hoy la Recomendación que se emitió. Por los actos violentos e ilegales de los policías adscritos a la FGJEM, la CNDH presentó denuncia ante el Ministerio Público para que se deslinde su responsabilidad; y ante el Órgano Interno de Control de la CODHEM se presentó una denuncia para que se investiguen administrativamente las omisiones en que incurrieron los visitadores de la propia Comisión, permitiendo la violación a derechos humanos en sus propias instalaciones.
Como dijimos al principio, esta es la segunda Recomendación que recibe Olvera Garcia durante su gestión; la anterior fue por la mala atención en un caso y la recibió a finales del 2018 (CNDH 57/2018). En ese documento, en pocas palabras, le dicen que la CODHEM no hace bien su trabajo. En esta nueva se dice: “el presente pronunciamiento debe servir para que la CODHEM implemente mejores prácticas para lograr la solución de fondo a la problemática que presentan las personas que no han visto resueltas sus quejas ante las autoridades señaladas, de cuyos casos hayan sido o no documentados por ese organismo local”.
Así, el Ombudsman que abiertamente ha declarado no creer en las Recomendaciones (“si el fin de una Comisión es emitir una recomendación, ciérrenla”, dijo en su momento), y que por ello ha reducido a menos de una decena las emitidas cada uno de los años en que ha estado al frente de la CODHEM, hoy recibió un recordatorio más de para qué sirven esos instrumentos jurídicos: individualizan la autoría del acto que viola derechos y hace señalamientos sobre la responsabilidad del Estado y sus agentes por la transgresión cometida.
Así, pues, con la Recomendación que le emite la CNDH, el ombusdam mexiquense tiene en sus manos los nombres de quienes fueron omisos (hace falta ver si por seguir instrucciones superiores) y su responsabilidad no sólo es que los actos sean sancionados y no haya impunidad, sino que la propia Institución tome medidas para evitar que el caso se repita.
Ojalá Olvera informe si aceptó la Recomendación, el resultado del procedimiento que debió iniciar el Órgano de Control Interno y las medidas tomadas para que no se vuelvan a presentar omisiones que deriven en violaciones a derechos humanos, incluso en el interior de las instalaciones de la CODHEM, como fue en este caso.