La escuela pública, que se regirá por el llamado “nuevo modelo educativo” a partir del ciclo escolar 2018-2019 –exactamente cinco meses antes de que termine este sexenio, y con las respectivas dudas de su continuidad, debido a las elecciones presidenciales de julio de 2018–, vive hoy una crisis existencial provocada por la autoridad educativa, que ha colocado a los maestros en los límites de la desesperación.
Se encuentran en estas condiciones por la “toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental” proveniente de la Coordinación de Desarrollo Escolar, de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (a su vez dependiente de la subsecretaría de Educación Básica federal), que conlleva un mandato de lineamientos de aplicación y entrega de datos mediante plataformas con serios problemas de uso y complejidad, multiplicados por la mala señal de Internet.
Esos lineamientos establecen como meta un diálogo pedagógico sustentado con docentes y directivos escolares; sobre todo, dicen de la “…formación de los alumnos en el uso del lenguaje para comunicarse de manera eficaz y construir conocimientos, tanto en las habilidades que tienen que ver con la expresión oral como en su desarrollo para convertirse en lectores y escritores” (Herramienta para el supervisor, SEP, primera edición, 2015, p. 9), así como “…aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la herramienta matemática. Se enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y resultados que encuentren… Por ello, el cálculo mental es una habilidad que obliga a pensar y ayuda a darle sentido a las operaciones que se hacen por escrito” (Ídem, p. 10).
El término de “felices definiciones” no se limita a su significado: el problema está en las implicaciones operativas para realizar las actividades en las escuelas, centradas en obtener, en periodos establecidos, datos que reportar para cumplir con el registro y la supuesta sistematización de los avances en las llamadas “habilidades” que se documentan; todo porque tienen la “idea” de que los alumnos deben mostrar un nivel de dominio elemental y actitudes positivas a partir de la acción pedagógica de los docentes –que es lo que menos se atiende.
En realidad, las actividades han agravado la llamada normalidad mínima: se trata de una aplicación a todos los estudiantes en las escuelas estatales, de manera individual y en condiciones especiales (los profesores no fueron entrenados para llevar a cabo la dichosa aplicación). Lo anterior, en una clara contradicción a su manual, que establece lo siguiente: “Preséntese en el aula. Después de un saludo breve al grupo, informe al docente que en la visita de supervisión realizará actividades de toma de lectura, producción de textos o cálculo mental (según corresponda) con seis de los alumnos, elegidos al azar, y que utilizará 60 minutos, aproximadamente, para la actividad. Mencione que la aplicación de la herramienta no implica la interrupción de la clase que desarrolla”.
Lo que –por supuesto– no se acata, quizá porque el manual ya se desfasó (es de 2015). Ahora, la aplicación es a todos los estudiantes, y el responsable directo es el maestro del grupo, quien tiene que garantizar que las tomas de lectura y cálculo mental se den en condiciones de un clima de cordialidad para evitar que los niños se sientan evaluados (lo que es casi imposible en un grupo de cuarenta estudiantes).
Este extremo condujo a que, en diversas instituciones, se suspendieran labores para dedicarse tres días a la obligada evaluación, y evitar dicha sensación en los alumnos para no afectar su “rendimiento”. Además (tomado de la ficha), se hace hincapié en aclarar al alumno que: “No es un examen, pues no va a contar para tu calificación, así que no te preocupes. Lo que pido es que hagas tu mejor esfuerzo, ¿de acuerdo?”, como si la sola enunciación cambiara de facto el significado de la aplicación.
Queda claro que sugerir la realización de la actividad en un espacio diferente al aula del alumno, alejado de sus compañeros, supone dejar solos a los restantes estudiantes, con altas probabilidades de generación de disturbios áulicos si no se cuenta con personal auxiliar en la actividad (lo que efectivamente aconteció en muchas escuelas).
Lamentablemente, todo se reduce a datos sin sustento real de “supuestas” interpretaciones que se reportan a las plataformas; con ausencia de aporte alguno en la mejora del rendimiento del alumno; sin existir una docencia diferente en el trabajo temático en el salón de clases y al ser inútil ubicar al alumno en un rango por demás cuestionable.
Esta evaluación –sin ser evaluación, según la postura oficial– constituye, desde su instrumentación, una de las más grandes cargas administrativas que hoy generan conflicto en la comunidad escolar, sin saber a ciencia cierta para qué se aplica.
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