El Estado de México (Edomex) encabeza las cifras nacionales en materia penitenciaria; de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta entidad concentró al cierre de 2023 el 15.1% del total de la población privada de la libertad en el país, lo que representa 35,325 personas. Sin embargo, lo más preocupante no es el número absoluto, sino que alrededor del 39% de ellas —más de 13,000 personas— no contaban con una sentencia.
Esto significa que permanecen privadas de su libertad sin que se haya determinado su responsabilidad penal, lo cual contradice el principio de presunción de inocencia. En este contexto, el sistema judicial mexiquense revela un patrón estructural donde la prisión preventiva es la regla, no la excepción.
Prisión sin juicio: la práctica prevalente
A nivel nacional, el INEGI reporta que el 37.2% de la población penitenciaria no ha recibido una sentencia condenatoria ni absolutoria. La proporción es aún más alta en mujeres (46.2%) que en hombres (36.7%).
Entre quienes permanecen sin sentencia:
- 44.4% están bajo prisión preventiva oficiosa
- 32.4% bajo prisión preventiva justificada
- 3.5% en otros supuestos jurídicos
- En 19.7% de los casos no se pudo identificar el estatus jurídico
En el caso del Estado de México, el dato es contundente: el 100% de las personas sin sentencia están bajo prisión preventiva oficiosa. Esta figura implica la detención obligatoria para ciertos delitos sin que el juez tenga margen de decisión. Si bien es legal, ha sido cuestionada por organismos internacionales por funcionar como una forma de castigo anticipado, al encarcelar sin juicio previo a personas que podrían ser inocentes.
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Cárceles saturadas, justicia desbordada
Los centros penitenciarios del Estado de México enfrentan también una crisis de sobrepoblación. Según el mismo censo del INEGI, los reclusorios mexiquenses tienen capacidad para 13,000 personas, pero alojan a más del doble, con una tasa de ocupación superior al 240%. Esto genera condiciones de hacinamiento, deficiente atención médica, violencia intramuros y falta de programas efectivos de reinserción social.
Durante 2023, se registraron en el país 327,985 delitos por los cuales las personas estaban recluidas. El Estado de México encabeza este listado, con 76,086 delitos asociados a personas privadas de la libertad.
La justicia en manos de dos jueces
Frente a este escenario, el papel del juez penal se vuelve esencial. Este funcionario es el encargado de determinar si una persona es culpable o no de delitos como homicidio, secuestro, robo o abuso sexual. Pero su función trasciende lo procesal: debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, y en los casos que lo ameriten, incorporar perspectiva de género.
En el marco de las recientes elecciones en el Estado de México, Toluca contará con dos jueces penales electos. Según los datos del Instituto Electoral del Estado de México, y con el 99% de boletas contabilizadas hasta el 9 de julio, los nombres que se perfilan para asumir esta responsabilidad son:
- Verónica Ávila Cera, con 25,025 votos
- Juan García Viveros, con 25,594 votos
Ambos serán responsables de decidir sobre delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro o robo, en una entidad que lidera las cifras de reclusión preventiva. Su labor será decisiva para transformar un sistema donde miles de personas esperan, tras las rejas, que se defina si son culpables… o no.
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