Con información de Aníbal Mejía
En estos días, el Congreso del Estado de México definirá el paquete fiscal que se ejercerá durante 2022. Está integrado por lo que recaudará el gobierno (ingresos), así como por la manera en que planea gastarlo (egresos) y el periodo en que desea gastar más de lo que se tiene (deuda pública).
Fue el 21 de noviembre de este año cuando el secretario de Finanzas mexiquense, Rodrigo Jarque, entregó el paquete fiscal ante la Junta de Coordinación Política, órgano en el que están representados todos los partidos políticos del Estado de México.
Dicho paquete se llevó a las Comisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público, presidida por la diputada María del Carmen Mendoza (Morena), y a la de Finanzas Públicas, presidida por el diputado Francisco Javier Santos (PAN).
En esta comisión se discuten y analizan las partes que integran el Paquete Fiscal y en las reuniones pueden estar presentes servidores públicos del ejecutivo para dar elementos adicionales o resolver dudas. Una vez que se hacen las modificaciones que, de acuerdo con los intereses de los partidos políticos, proceden, se emite un dictamen que es referido devuelta al pleno de la Legislatura.
Ahí se aprueban en lo general y se discuten en particular aquellas pequeñas partes en las que aún los diputados no se hayan puesto de acuerdo. Este mecanismo se llama reservas y se va discutiendo una a una. En este proceso se aprueban o desechan. Se prevé que las y los diputados aprueben el paquete fiscal con algunas modificaciones.
¿Qué podemos esperar?
Un presupuesto del orden de los 326 mil millones de pesos que contempla la solicitud de deuda por 9 mil 500 millones de pesos. Asimismo, la solicitud de autorización para que los 125 municipios en su conjunto se puedan endeudar por 5 mil 500 millones de pesos.
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También se prevé la creación de cuatro nuevos impuestos:
- Ecológico
- Para casas de empeño
- Prestación de servicios profesionales
- Actividades Empresariales
Habrá que tener presente que, recientemente, la Cámara de Diputados autorizó la venta de inmuebles en tres municipios para pagar los costos laborales o a proveedores sin que se hayan aclarado si se impusieron sanciones por ello.
