“Uno hasta puede perder la vida”, advierte una mujer que prefirió no dar su nombre, parada frente a uno de los centros de salud cerrados en Toluca. Con voz firme, denuncia que costear medicamentos por su cuenta le resulta imposible. “No todas tenemos la oportunidad de ir a un lugar particular”, agrega.
Es el quinto día de paro parcial en hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar en el Estado de México. La protesta, encabezada por personal sindicalizado, ha reducido drásticamente la capacidad de atención médica en el Valle de Toluca. Las unidades de primer nivel —vacunación, salud reproductiva, medicina preventiva, control de enfermedades crónicas— están inactivas o funcionan de manera intermitente. Más de 200 mil personas podrían estar siendo afectadas.
Ernestina, paciente del Hospital Adolfo López Mateos, lo resume así: “El servicio no se ha interrumpido del todo, pero siempre es tardado y a veces muy deficiente.” José, habitante de Cacalomacán, se muestra aún más decepcionado: “Dijeron que con este gobierno iba a haber más medicamentos.”
La protesta comenzó el miércoles 16 de julio, cuando trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Toluca —centro operativo de más de 85 unidades médicas— denunciaron adeudos por bonos, pagos incompletos, descuentos no autorizados y fallas estructurales tras su incorporación al modelo IMSS-Bienestar. “Estamos aquí porque ya es intolerable”, sostiene Raymundo Gómez Pérez, líder sindical de la subsección 2 de la sección 22.
Según sus cálculos, los pasivos por trabajador superan los 30 mil pesos. Incluyen estímulos trimestrales retenidos, primas no pagadas y un bono de canasta básica —vigente desde 2005— que este año simplemente desapareció. El IMSS-Bienestar acusa al gobierno estatal de no transferir los recursos. El Estado asegura que ya lo hizo. Mientras tanto, los trabajadores se quedaron sin pago y sin responsables.
El paro ha revelado también conflictos internos. La jefa jurisdiccional María del Carmen Ruiz Guevara, quien asumió el cargo el 9 de junio y comenzó a resolver el desabasto, fue removida sin explicación el 1 de julio. “En menos de un mes recorrió unidades, generó confianza. Y aun así la quitaron”, denunció el sindicato, que ahora exige su reubicación.
La Jurisdicción no opera sola: el paro se ha extendido a otras unidades como el Hospital Mónica Pretelini —que solo atiende urgencias— y centros como Isabel La Católica, San Mateo Atenco y Nueva Oxtotitlán. Algunos permanecen cerrados totalmente; otros funcionan con personal eventual o guardias mínimas. En todos, el diagnóstico es el mismo: falta de insumos, incertidumbre administrativa y abandono operativo.
El sistema público de salud, debilitado desde hace años por recortes, crisis sanitarias y transiciones mal planeadas, muestra hoy sus grietas más profundas. No hay guantes, gasas ni jeringas. Hay promesas sin cumplir y acuerdos verbales sin firma. “Esto no es un plantón. Es una asamblea permanente, y el paro es indefinido”, remarca Gómez.
Para este martes 22 de julio, la sección 22 ha convocado una marcha estatal. En Toluca saldrán del Monumento a la Bandera hacia el Palacio de Gobierno; en Ciudad de México, marcharán desde el Parque Hundido hasta las oficinas del IMSS-Bienestar nacional. Se esperan entre 7 mil y 15 mil trabajadores movilizados.
Desde AD Noticias, reafirmamos que la atención médica pública debe garantizarse en condiciones dignas, suficientes y humanas. La salud no puede ser una moneda de cambio ni una excusa para transferir responsabilidades. Lo que hoy viven miles de pacientes y trabajadores es consecuencia de una política pública que ha postergado lo urgente y normalizado lo injusto.
En el Estado de México, como en todo el país, exigimos salud pública de calidad. Lo demás es simulación.
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