La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) atraviesa una etapa de movilización estudiantil. Dos facultades —Humanidades y Artes— están en paro indefinido, mientras otras seis han realizado votaciones o han manifestado su inconformidad con el proceso de elección de la nueva Rectora. En el centro del conflicto hay tres exigencias: voto universal, no criminalización del movimiento y la renuncia del actual rector. Pero los datos disponibles revelan que esas demandas, en gran medida, ya estaban contempladas o resueltas antes del estallido del paro.
¿Democracia en pausa?
El pliego petitorio exige que toda la comunidad universitaria pueda votar directamente por la próxima titular de la Rectoría. Sin embargo, la legislación universitaria vigente otorga esa responsabilidad al Consejo Universitario, compuesto por 105 representantes de todas las áreas de la institución. Cambiar esa norma requiere una reforma estructural que no puede concretarse antes del 14 de mayo, fecha en que termina la actual administración.
Pese a ello, las seis candidatas han mostrado disposición para revisar el modelo de elección. Todas, sin excepción, se han pronunciado públicamente a favor de abrir la discusión hacia un sistema más participativo en futuros procesos. Algunas, como Patricia Zarza y Laura Benhumea, han propuesto incluso promover los cambios legales necesarios.
Una renuncia que ya estaba fechada
La segunda exigencia es la dimisión inmediata del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz. Pero su salida ya está programada: dejará el cargo en menos de una semana, al concluir el periodo institucional para el que fue electo. La presión en su contra aumentó tras la filtración de un audio que lo vincula con presuntas amenazas en el contexto electoral. Aunque el rector ha negado la veracidad del material, un peritaje independiente solicitado por AD Noticias concluyó que no hay evidencia de manipulación.
La demanda, por tanto, apunta a una figura que ya no seguirá en funciones, sin que ello implique una variación sustancial en el curso institucional del proceso.
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Criminalización que no ha existido
El tercer punto del pliego es el fin de la supuesta criminalización del movimiento estudiantil. Sin embargo, ni las autoridades universitarias ni las estatales han promovido acciones penales ni represivas contra los manifestantes. Desde el inicio de las protestas, tanto la Rectoría como el Gobierno del Estado de México han reiterado su compromiso con el diálogo y el respeto al derecho a la libre manifestación.
Además, la protesta pacífica está garantizada por la Constitución mexicana, que en su Artículo 9 protege el derecho a reunirse y manifestarse sin armas y con fines lícitos. Este derecho aplica plenamente a los movimientos estudiantiles siempre que no se altere el orden público.
La administración central ha mantenido interlocución con estudiantes en paro, como lo demuestra la participación del secretario de Rectoría, Marco Aurelio Cienfuegos, en diversas mesas de diálogo
Más preguntas que respuestas
El paro estudiantil ha visibilizado una tensión legítima sobre los mecanismos de representación y el papel de los estudiantes en la vida institucional de la UAEMéx. Pero también ha abierto interrogantes sobre la motivación real de algunas exigencias que parecen insostenibles frente a los hechos.
¿Hay otros intereses detrás del movimiento? ¿Se busca renovar el modelo universitario o influir en el relevo de poder? Por ahora, lo único claro es que las demandas iniciales estaban, en su mayoría, ya sobre la mesa.
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