La capital mexiquense cuenta con más de cien inmuebles históricos, los cuales debido a su antigüedad, presentan riesgo de caerse; sin embargo, el Ayuntamiento ha teclado que no puede hacer nada al respecto, entonces, ¿qué ocurre cuando un inmueble histórico representa un riesgo para quienes lo habitan o transitan a su alrededor?
El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, señaló que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente en estos edificios cuando son propiedad privada, pues implicaría extralimitar sus atribuciones.
“Inicialmente corresponde a los propietarios de estos bienes darles el mantenimiento a sus edificaciones, no es un tema que le corresponda a la autoridad municipal”, explicó.
Añadió que algunos están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que propietarios y habitantes ya fueron notificados sobre los riesgos, por lo que deberán responder ante posibles afectaciones a terceros.
Sin embargo, aunque la responsabilidad inicial de mantenimiento corresponde a los propietarios, estos tampoco pueden modificar o derribar libremente un inmueble protegido.
¿Qué se considera patrimonio histórico?
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos considera monumentos históricos aquellos bienes vinculados con la historia de México a partir del establecimiento de la cultura hispánica.
Entre ellos se encuentran determinados edificios construidos entre los siglos XVI y XIX destinados al culto, educación, servicios públicos y autoridades civiles o militares, así como obras civiles relevantes de carácter privado.
¿Qué cuidados deben tener?
Los propietarios están obligados a conservar y, cuando sea necesario, restaurar los monumentos históricos, pero las intervenciones requieren autorización del INAH. Trabajos como apuntalamientos, reestructuraciones, reconstrucciones, recimentaciones e incluso demoliciones deben someterse a autorización.
Si un propietario es requerido para conservar o restaurar el inmueble y no cumple, la legislación contempla que el instituto competente pueda realizar las obras y posteriormente gestionar el cobro de su costo al dueño. Dependiendo de la irregularidad, también pueden aplicarse amonestaciones, multas u otras sanciones administrativas.
El INAH, por su parte, no entrega directamente dinero a particulares para que restauren sus inmuebles, pero puede brindar asesoría técnica y orientar a los propietarios para buscar financiamiento mediante otras instituciones o programas.
También existen incentivos para la conservación. La Ley Federal sobre Monumentos establece que los propietarios de inmuebles declarados monumentos históricos que los mantengan conservados y, en su caso, los restauren, pueden solicitar la exención del impuesto predial, previo dictamen técnico del INAH.
Si representan un riesgo, ¿por qué no pueden derrumbarse?
El riesgo estructural no elimina automáticamente la protección histórica de un inmueble. La demolición también constituye una intervención y requiere autorización del INAH. Antes deben evaluarse las condiciones del edificio y determinar si puede protegerse mediante apuntalamiento, consolidación, reestructuración u otras medidas. Mientras Protección Civil conserva atribuciones para establecer medidas destinadas a reducir riesgos para la población.
Una casona con años de deterioro
El problema puede observarse en la casona de Instituto Literario y Nicolás Bravo, incluida en el catálogo de monumentos históricos del INAH. En 2024, el Instituto informó que el inmueble todavía presentaba buenas condiciones en 2014, pero desde 2020 comenzó un proceso de deterioro por falta de mantenimiento.
Incluso existió un intento de apoyo económico. En 2022, la casona fue beneficiada con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción de Vivienda Patrimonial, instrumentado por la Comisión Nacional de Vivienda; sin embargo, el INAH informó que el recurso finalmente no pudo entregarse por circunstancias ajenas al Instituto.
Para noviembre de 2025, el propio Ayuntamiento de Toluca informó que Protección Civil y el INAH buscaban establecer un plan conjunto para preservar el inmueble y disminuir riesgos. Los propietarios contaban entonces con autorización para realizar trabajos de protección y consolidación estructural, pero las acciones seguían pendientes.
Tras el reciente desprendimiento, durante un recorrido de AD Noticias fueron visibles grietas y daños en distintos puntos de la estructura. Vecinos señalaron que el deterioro existía desde antes y que personas en situación de calle ingresaban al inmueble, aunque no se ha establecido que esto último tenga relación con el colapso.
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