En entrevista para Cambio Edomex, el abogado Paulo Díez Gargari aseguró que la batalla legal por la presunta concesión ilegal del Viaducto Bicentenario sigue en pie.
«No estamos en el final de la historia, todavía hay un amparo que está pendiente de resolverse», afirmó Díez Gargari.
Díez Gargari explicó que a pesar de las resoluciones recientes del Poder Judicial, que algunos han interpretado como el fin del litigio, aún queda mucho por hacer. Subrayó que estas decisiones judiciales han reconocido que el Viaducto Bicentenario es un bien de la nación y que la concesión otorgada en 2008 por el gobierno de Enrique Peña Nieto a Aleatica (antes OHL) es inválida. «Es una concesión que no surte efectos jurídicos», puntualizó.
El abogado expresó su frustración ante la corrupción que, según él, permea en el sistema judicial, pero reafirmó su compromiso de seguir luchando. «Voy a seguir peleando y estoy seguro de que al final vamos a hacer valer la razón y el derecho ante los tribunales y vamos a ganar esta batalla», concluyó Díez Gargari.
Tribunal resuelve que no hay delito que perseguir
El Tribunal Colegiado de Apelación del Poder Judicial de la Federación resolvió que no existe delito que perseguir en el caso de la explotación del Viaducto Bicentenario por parte de Aleatica (antes OHL).
La resolución del Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) queda impedida para continuar con las investigaciones sobre la supuesta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario por parte de Aleatica.
Caso
La Fiscalía General de la República informó que el gobierno del Estado de México concedió ilegalmente el dominio de una vía federal, propiedad de la Nación, a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008. Este acto ilegal permitió el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por parte de un particular, con solo el 0.5% compartido con el Estado de México, sin que la Federación recibiera un centavo en 15 años.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes SCT), desde agosto de 2011 y nuevamente en marzo de 2020, señaló la ilegalidad y presunción de delito federal. No se trata de un asunto administrativo, sino de un delito penal, según la ley.
Para que exista una concesión federal debe cumplirse con los siguientes requisitos:
- Las concesiones federales se otorgarán mediante concurso público emitido por la autoridad competente federal (SICT).
- La concesión será sobre un objeto que pueda ser materia del mismo (vía general de comunicaciones federal).
- La concesión deberá cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta.
- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitirá un fallo fundado y motivado.
- Se señalará el plazo de la concesión.
Sin embargo, todo esto nunca ocurrió.
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