La Procuraduría General de la República (PGR) exigirá a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la entrega de los videos y/o fotografías del presunto enfrentamiento contra “integrantes del crimen organizado”, registrado el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, donde 22 personas perdieron la vida. Fuentes de la PGR, consultadas por la agencia Quadratín, indicaron que las diligencias se basarán en el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación a las tres fuerzas armadas”, donde se establece la comprobación de hechos por parte de los elementos de la Sedena en actos contra el narcotráfico.
“Se debe contar con cámara de videograbación, fotográfica o instrumentos de grabación de sonido para estar en condiciones de aportar medios de prueba fehacientes sobre la actuación del personal de las fuerzas armadas en operaciones”, dicta el apartado de Acciones previas del capítulo III.
Además, se analizará si se tomaron las medidas operativas necesarias y de respeto a los derechos humanos de las víctimas.
La PGR también buscará si los efectivos militares se condujeron de manera adecuada y apegados al Manual sobre la causa específica de los asesinatos, aunque la Sedena argumenta que las acciones tomadas por los soldados fueron debido a que sostuvieron un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado. Incluso, algunos mandos militares han externado que en el Manual se tiene prevista la grabación de acciones contra miembros de células delincuenciales con el objetivo de evitar acusaciones infundadas contra miembros de la Sedena.
Por su parte, la Procuraduría de Justicia Militar aseguró que lleva sus propias indagatorias y trasladó a la prisión del Campo Militar número Uno del Distrito Federal a un oficial y siete soldados, la semana pasada por su presunta participación en estos hechos.
Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado sexto por su responsabilidad en delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.
Por su parte, el relator para la libertad de expresión de Organización de Naciones Unidas (ONU) David Kaye pidió al presidente Enrique Peña Nieto, “proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación que lo publicaron”.
Kaye “exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión”.
Emilio Álvarez de Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó como graves los hechos ocurridos en Tlatlaya.
Aseguró que la Comisión ha recibido información y una solicitud de medidas cautelares y dijo que es indispensable que el Estado mexicano investigue y se sancione a los responsables.
Finalmente dijo que hay elementos para suponer que se trató de una “ejecución extrajudicial”.
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