La escena es demasiado perfecta para no leerla políticamente. En los clips difundidos por Sabina Berman a propósito de su conversación con Carlos Molina sobre Los Pinos, reaparece una frase devastadora: al llegar al recinto, el nuevo equipo encontró que “no había cuadros, vajilla, cubiertos ni cortinas”. La versión coincide con lo que Alejandra Frausto ya había denunciado: que el equipo entrante recibió Los Pinos prácticamente vacío.
No hace falta probar aquí quién se llevó cada objeto para entender la potencia del símbolo. El relato de Los Pinos funciona como metáfora de régimen. Un poder que entiende lo público como usufructo privado; una presidencia que no habitó la casa del Estado, sino que la administró como si fuera extensión de un patrimonio de grupo.
Ese estilo de gobierno no comenzó en la presidencia. Venía desde el Estado de México. Durante su gubernatura, Enrique Peña Nieto construyó una forma de gobernar marcada por cercanía con contratistas, concesiones ventajosas, opacidad y esquemas financieros que trasladaron costos al futuro.
Durante su gobierno en el Estado de México se consolidó un modelo financiero que permitió comprometer recursos públicos durante décadas sin que esos compromisos aparecieran como deuda directa. A través de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y otros esquemas de asociación público-privada, la administración estatal firmó contratos de largo plazo que obligaron al gobierno a pagar durante años por hospitales, carreteras y obras públicas operadas por empresas privadas.
En la práctica, estos mecanismos funcionaron como deuda diferida: compromisos millonarios que no se registraban como pasivos inmediatos, pero que hipotecaron presupuestos futuros y garantizaron ingresos constantes a consorcios privados cercanos al poder.
Ese modelo recuerda lo que el filósofo Jürgen Habermas describió como la “colonización del mundo de la vida”: cuando la lógica del dinero y del poder invade ámbitos que deberían regirse por la deliberación pública y el bien común.
Los resultados sociales tampoco respaldaron una narrativa de éxito. Datos de CONEVAL mostraron que la pobreza en el Estado de México pasó de 42.9% en 2008 a 45.3% en 2010.
Cuando Peña llegó a la presidencia, el mismo modelo se amplificó a escala nacional: marketing político, reformas estructurales y una estrecha relación con grandes grupos empresariales.
Pero su gobierno quedó marcado por escándalos de corrupción. El caso de la llamada “Casa Blanca” documentó una residencia de lujo vinculada a un contratista del gobierno federal y del Estado de México.
El caso Odebrecht también alcanzó al círculo cercano del presidente. La Fiscalía General de la República informó posteriormente sobre investigaciones relacionadas con transferencias ilegales y posibles sobornos vinculados con reformas legislativas.
A ello se sumó la investigación conocida como “La Estafa Maestra”, que documentó desvíos por más de 7 mil millones de pesos mediante universidades públicas y empresas fantasma.
En lo económico, el balance tampoco cumplió las expectativas de transformación. Durante el sexenio 2012‑2018 el crecimiento económico promedio fue cercano al 2.5% anual.
Al mismo tiempo, la deuda del sector público aumentó significativamente: pasó de alrededor de 37% del PIB en 2012 a cerca de 45% en 2018.
En materia de seguridad, el país cerró el sexenio con uno de los niveles de violencia más altos de su historia reciente: 2018 registró casi 36 mil homicidios según datos del INEGI.
Habermas advertía que cuando el sistema sustituye la deliberación democrática por la administración de intereses privados aparece una crisis de legitimidad. Eso fue, en muchos sentidos, el peñismo.
Pero el peñismo no fue una anomalía. Fue la expresión más acabada de un modelo de poder que durante décadas compartieron PRI y PAN, un régimen político que convirtió al Estado en intermediario entre el poder público y los grandes intereses económicos.
Enrique Peña Nieto terminó siendo la representación más nítida del llamado PRIAN: un sistema donde cambian los partidos en el gobierno, pero se mantiene la misma lógica neoliberal de privatizar beneficios, socializar costos y administrar el país en función de las élites económicas.
Por eso el episodio de Los Pinos importa tanto. No por la vajilla en sí. Sino porque simboliza una ética de gobierno.
Vaciar la residencia oficial y dejar las paredes pelonas terminó siendo una imagen poderosa de una época: un poder que tomó del Estado hasta el adorno y dejó a la sociedad la factura.
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